Mientras las administraciones ofrecen balances positivos para vender las bondades del Plan E (para el estímulo de la economía y del empleo), los promotores onubenses ponen los puntos sobre las íes y advierten que con el Plan 5000 (más conocido como el nuevo Plan E) se seguirán cometiendo las mismas irregularidades que hasta ahora: fomento de contratos basura y sobredimensionamiento de los puestos de trabajo necesarios para cada obra y así poder conseguir más puntos y ser adjudicatarios de las actuaciones subvencionadas. En otras palabras, prácticamente, lo único que se ha logrado es reducir de forma ficticia el paro.

El principal problema reside en los criterios de valoración que se priman en la adjudicación de ofertas. La mayor puntuación hasta ahora ha sido el número de empleos que se estima que cada empresa se compromete a crear si desarrolla la obra en cuestión. Y lo que se debería valorar positivamente se ha convertido en un arma de doble filo y ha dado lugar a multitud de picaresca, según denuncia la Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO), desde donde se mantiene que las plantillas propuestas llegan a duplicar a las que realmente se precisan en determinadas actuaciones. Así, no es de extrañar que los constructores denuncien que el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad fomentará, cuanto menos, los contratos basura, ya que de nuevo se vuelve a fijar como principal criterio de valoración en la adjudicación de las ofertas, el volumen de mano de obra prevista en la ejecución del trabajo, sin especificar la duración del contrato ni requerir el mantenimiento del empleo en la empresa ofertante. Un problema, si se tiene en cuenta que el anterior plan ha originado que tengan más opciones para ser adjudicatarias de las obras las empresas que despiden a sus empleados, para luego contratarlos con carácter temporal.

A juicio de los constructores, el nuevo Plan incurre en los mismos vicios del anterior, que provocó situaciones engañosas: muchas empresas contrataban a trabajadores para una sola jornada a fin de poder justificar la cifra de contratos comprometida y eludir así la penalización por incumplimiento.

Pero esa picaresca va más allá. De acuerdo con el modelo de pliego de cláusulas administrativas para contratos de obras, redactado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, como orientación a los ayuntamientos, el principal criterio que se tendrá en cuenta es, una vez más, el número de contrataciones. No se especifica, sin embargo, si los empleos han de ser a tiempo completo, a media jornada o sólo por horas, como han venido reclamando los empresarios de la provincia. Lo que "fomenta empleo de baja calidad y nula estabilidad, en vez de aprovechar la ocasión para mantener los puestos de trabajo estables", según la secretaria general de la asociación, Priscila Moreno, quien insiste en que "se corre el riesgo de que desaparezcan o, en el mejor de los casos, pasar de fijos a empleos temporales".

Los constructores reclaman además que las inversiones se destinen a obras que, una vez terminadas, generen empleo y "no sólo a la reparación de acerados", como denuncian que ha estado pasando hasta ahora.

La que hacen pública los constructores de Huelva es la otra cara de un plan que nació para impulsar empleo y lo que está consiguiendo es dar prioridad a "una mejora ficticia de las cifras de parados", denuncian.