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El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido por el equipo de Gobierno socialista que dirige el Ayuntamiento de Escacena del Campo, el primero que se produce por parte de una institución local en la provincia de Huelva, ha sembrado de incertidumbre al resto de empleados públicos que ven con estupor y de forma diaria la enclenque situación económica en la que se encuentran las arcas municipales.

Un colectivo laboral que se pensaba inmune tanto a los efectos directos como colaterales que tuviera la crisis y que, sin embargo, ahora teme que la localidad condal tenga el dudoso honor de ser el primer eslabón de un inminente efecto dominó que alcance a otros pueblos onubenses. De hecho, muchos ayuntamientos tienen verdaderos problemas para pagar cada mes las nóminas y seguridad social de sus infladas plantillas, entre funcionarios, laborales, personal de confianza y asesores políticos de toda índole.

Otros alcaldes socialistas consultados por este periódico han reconocido que a esta situación se ha llegado por el hecho de que las corporaciones locales se vieron obligadas a asumir un grueso de competencias autonómicas, estatales o provinciales que no les correspondía. Circunstancia que, en gran medida, motivó que se sobredimensionasen las plantillas por encima de sus posibilidades e incluso se asumiesen los costes de financiación de determinadas infraestructuras a expensas de percibir la correspondiente financiación que no ha llegado.

Los ediles matizan que es necesario realizar un ejercicio de autocrítica y aseguran que se debe reconocer que, por inercia o por política electoralista, se han realizado gastos de dudoso interés que se desmarcarían de los servicios inherentes a un ayuntamiento clásico.

Es el caso de los magnos conciertos musicales durante las fiestas patronales, que les ha llevado a la contratación de artistas de relumbrón con cachés desorbitados.