"Él está en el paro, pero puede hacerte esas reformas que necesitas por un buen precio". A muy pocos les sorprende hoy en día este ofrecimiento, que no es más que uno de los muchos ejemplos que hacen aflorar la economía sumergida, que -aunque siempre ha existido-, con la crisis se ha disparado. No hay cifras concretas aunque sí estimaciones de lo que supone la economía sumergida y actuaciones que lo ponen de manifiesto. La última, la incidencia de las solicitudes al Programa Temporal de Protección por Desempleo (Prodi), más conocido como la prestación de los 420 euros. En la provincia de Huelva las peticiones alcanzan a poco más de uno de cada tres potenciales beneficiarios del programa, diseñado para que quienes no reciben prestación alguna por desempleo puedan contar con unos ingresos mínimos.

En agosto, cuando el Ministerio de Trabajo anunció la puesta en marcha de una ayuda de 420 euros para los parados que hubieran agotado la prestación anterior (por desempleo o el subsidio), el cálculo fue que en la provincia de Huelva podrían beneficiarse de ella más de cuatro mil personas. Según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (Inem) hasta el 22 de octubre se han recibido 1.445 solicitudes en la provincia. Esto es, poco más de una tercera parte de las 4.123 previstas. Y eso que se entiende que esos más de 4.000 onubenses pasan por tener una más que delicada economía familiar. De hecho de los 47.211 parados que hay registrados en las oficinas provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, 16.234 no reciben prestación alguna (ni el paro, ni el subsidio, ni tampoco la Renta Activa de Inserción), según las últimas cifras relativas al cierre del pasado mes de septiembre.

Justo hace un mes el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrera, relacionaba directamente esta situación con la economía sumergida, "que se muestra en que sólo 28.000 personas han solicitado -en esa fecha- la subvención de 420 euros frente a los 700.000 posibles beneficiarios que calculaba el Gobierno". Una versión que no se confirma desde ninguna administración, aunque sí se admite que ese nivel de solicitudes sólo se puede explicar o bien por la existencia de actuaciones fraudulentas (para recibir la prestación es imprescindible realizar un curso de formación cuya presencia es obligatoria y requiere tiempo) o la dificultad para cumplir los requisitos o (más improbable) la falta de información.

De los 1.445 expedientes recibidos en las diferentes oficinas de empleo de la provincia, solicitando el cobro de esta nueva prestación, se han tramitado 1.072 hasta ahora y quedan por resolver 373 que se estudian en estos momentos. Del total, 809 se han aprobado, el 75% de los tramitados, mientras que 263 se han quedado al margen de la concesión por diferentes motivos .

La distribución provincial de esos posibles candidatos se centra entre la capital (agrupa a casi 1.200 del total) y los municipios de la Costa (casi 900), si bien los datos oficiales se refieren a los beneficiarios que se estimaban a 31 de julio de este año.

Desde la patronal onubense se llevan reclamando medidas que pongan freno a la proliferación de negocios ilegales, especialmente en el sector de la hostelería, desde hace más de un año, aunque bien es cierto que con la crisis las alarmas comenzaron a sonar de forma escalofriante. La economía sumergida hace referencia a actividades que no están registradas (no hay IVA de por medio, no hay facturas, ni documento oficial que registre las operaciones) y de ahí que se escapen a cualquier estadística. Desde la Federación Onubense de Empresarios se calcula que anualmente el volumen de este tipo de actividades mueve alrededor de 1.900 millones al año en la provincia, aunque hay que tener en cuenta que si esos negocios aflorasen a la economía legal, el volumen sería mayor y el PIB provincial podría aumentar más de una quinta parte.

Con estas cifras no es de extrañar que se apunte a la economía sumergida como principal causante de la baja incidencia en la solicitud de la ayuda de los 420 euros. Más aún cuando los potenciales beneficiarios deben cumplir requisitos como ser menor de 65 años, estar desempleado e inscrito como demandante de empleo; haber extinguido por agotamiento la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tener derecho al subsidio. Y lo que más sorprende en este caso, que es imprescindible carecer de ingresos propios superiores a 468 euros mensuales. ¿Por qué hasta ahora 2.678 onubenses que cumplen esos requisitos y que teóricamente no se les conoce ingresos que superen esa cantidad no han solicitado la ayuda? Hasta el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero apuntó a la economía sumergida para explicar ante el Comité Ejecutivo del , a finales del pasado mes de septiembre, la poca repuesta a este plan.