Sin carácter preceptivo ni vinculante, conservando todavía la voz: el Consejo Económico y Social de Huelva (CES) elevó ayer a Pleno un informe en el que empresarios, sindicatos, el movimiento vecinal y diversos colectivos de la ciudad se posicionaron en contra del incremento previsto a partir de octubre en la tasa de saneamiento de Aguas de Huelva, que se traducirá en una subida media de 5,5 euros por factura en los consumos domésticos y de 11,1 euros en los pequeños negocios a los que se aplica la tarifa industrial-comercial.

Nuevo punto de inflexión, pues, en una cadena de trámites que ya se ha topado con reparos del interventor y críticas encendidas de la oposición municipal, PSOE e IU. Y es que el órgano asesor del Ayuntamiento considera "excesiva y desorbitada" la revisión de cuotas con la que cubrirá el coste de la operación puesta en marcha desde el Consistorio para ingresar de una tacada 30 millones de euros de la empresa municipal. La justificación que esgrime el equipo de Gobierno del PP es el canon por la concesión demanial de la red de saneamiento (esto es, el uso de las tuberías de la capital, pendiente de legalización desde hacía una década); el destino de esta maniobra financiera: limar la deuda del Ayuntamiento, atendiendo a las obligaciones con empresas proveedoras de bienes y servicios y colectivos sociales.

La operación fuerza a Aguas de Huelva -única empresa satélite del Consistorio saneada económicamente- a pedir un crédito bancario que, en principio, se amortizará con una recaudación extra de 2,03 millones de euros al año, cifras ratificadas ayer en el informe del CES.

Del análisis que ha hecho el Consejo del borrador de tarifas que verá luz verde en el Pleno del día 30 se desprende que "las previsiones de subida de la tasa no se adecuan a las circunstancias económicas actuales y, por tanto, afectarán a la economía de los administrados suponiéndoles una mayor carga," advirtió el presidente de esta institución y rector de la Universidad de Huelva, Francisco José Martínez.

En los términos en los que está planteada la nueva ordenanza fiscal, el incremento medio en la cuota variable de la tarifa de saneamiento se fija para el uso doméstico en torno al 37,4% y para el uso comercial-industrial-oficial en torno al 40,7%. De otro lado, el incremento medio en la cuota de servicio se sitúa en un 125% para estos últimos usos y un 27,5% para los hogares.

Como destacó en la sesión de ayer el ponente de la Comisión de Economía del CES, Javier Regalado -en representación de la Federación Onubense de Empresarios (FOE)- "se considera desproporcionada la fórmula utilizada para la determinación de la tasa", en la que se han incluido nuevas variables en la base de la cuota del servicio y se han incrementado los precios del bloque único sobre el volumen de agua suministrada.

Este foro asesor considera que la concesión de Aguas de Huelva del uso de las instalaciones de saneamiento supondría un menor coste para la empresa municipal si el canon tuviese un carácter anual en lugar de abonarlo en un sólo pago, "ya que así se reducirían las cargas financieras que tendrá que soportar la empresa concesionaria [27 millones de euros en intereses, según los cuadros de amortización a los que ha tenido acceso este diario] y como consecuencia repercutiría en un incremento menor de la tasa para los usuarios del servicio", explicaron desde el CES.

Respecto a la concesión como procedimiento, el Consejo quiso dejar constancia de que le es imposible valorar el incremento de costes que supone dicha concesión por falta de documentación e información recibida desde el equipo de Gobierno, un problema que los consejeros llevan denunciando en los últimos mandatos.

En la ronda de intervenciones de ayer, desde el sindicato UGT se calificó de "injusta y excesiva" esta medida, en tanto que "los ciudadanos no tienen por qué soportar la mala gestión económica del Ayuntamiento", apuntó la secretaria de Relaciones Institucionales, María del Mar Serrano. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Tartessos se enfatizó que "aunque la operación es legal, resulta abusiva para la ciudadanía". Igualmente, la FOE denunció las repercusiones especialmente graves que estas modificaciones fiscales tendrán para los empresarios, calculando subidas de entre 200 y 600 euros al año para los negocios a los que se les aplica la tarifa industrial.

Por parte del equipo de Gobierno participó en la sesión del CES el concejal Enrique Pérez Vigueras, que dio cuenta de la moción que el PP llevará al Pleno dentro de dos semanas para dar luz verde a la operación de préstamo, avanzando que la totalidad de los pagos se realizarán exclusivamente con lo recaudado mediante la tasa de saneamiento, sujeta a las revisiones pertinentes. Para disipar algunos vientos de tormenta, el teniente de alcalde reiteró el compromiso de no privatizar la empresa municipal.