Huelva

El sector público y la cárcel centran el 30% de las quejas al Defensor

  • En el ejercicio 2008, los onubenses hicieron llegar 367 reclamaciones al Comisionado. Le siguen Educación y Salud.

Las reclamaciones procedentes del centro penitenciario de Huelva y las relativas  al sector público concentraron el pasado año gran parte de la actividad de la  Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía. Sólo estas dos materias aglutinaron más del 30% de las 367 quejas que registró en 2008 el  Comisionado que dirige José Chamizo, de las que 44 llegaron de los reclusos internados en la cárcel (que suponen el 12,4% del total de Andalucía en materia penitenciaria) y las 37 restante vinculadas al sector público, según se refleja en su informe anual. 

 

Con carácter general, los permisos y clasificaciones de los internos son las causas que más se repiten en estas quejas, seguidas por los traslados de centro para el acercamiento a la familia. Precisamente, el Defensor califica de “muy restrictivos y severos” los criterios de concesión de permisos sobre todo ante condenas de larga duración, por la existencia de partes disciplinarios que dan lugar a sanciones, y que además tardan en ser cancelados bien por el tipo de delito cometido l o por un mal comportamiento en  un permiso anterior,.

 

Otro grupo relevante numéricamente son los conforman las quejas que se refieren a las distintas modalidades de la asistencia sanitaria, tanto de la especializada como la que se presta a los discapacitados y enfermos psíquicos. En su memoria, Chamizo destaca el caso de un interno que  desde abril de 2007 presentaba una sintomatología compatible con cáncer de vejiga, que le fue diagnosticado y del que fue intervenido en dos ocasiones, que denunció la demora sufrida entre la primera vez que acudió a consulta en los servicios médicos de la penitenciaría y el momento en que se le concertó la primera cita con el Servicio de Urología del Hospital de referencia Infanta Elena de Huelva, cita entre las que transcurrieron seis meses. 

 

Instituciones Penitenciarias y el centro hospitalario, en los informes emitidos a instancias del Defensor, ofrecieron fechas que no casaban , por lo que ante  tal disparidad, la Oficina de Chamizo ha continuado las actuaciones tanto para esclarecer la situación  como para conocer el estado actual del interno y el seguimiento de su enfermedad.

 

En cuanto a las quejas del personal del sector público, apartado en el que se contabilizaron 37 reclamaciones, el informe destaca el expediente abierto a raíz de la publicación de las bases para la selección de tres plazas de Policía Local por el Ayuntamiento de Valverde del Camino, en el que se advertía, según el Comisonado,  “una posible no adecuación de las bases publicadas a las disposiciones vigentes en materia de acceso al empleo público local”.

 

Tras una primera recomendación, a la que el Consistorio respondió, la Oficina del Defensor consideró que la Alcaldía “no daba la respuesta legalmente prevista a este Comisionado, por lo que consideramos oportuno instarle a que expresase formalmente el criterio de la Administración ante la resolución que le había sido dirigida”.

 

A pesar de que el tiempo pasó y el Defensor reiteró en innumerables ocasiones al Ayuntamiento  al que diera una respuesta, el Consistorio permaneció en silencio y obvió las peticiones del Comisionado.  

 

La Administración educativa y los servicios sanitarios, ambos con 18 quejas en la provincia de Huelva, completan la situación que describe Chamizo en su informe anual, seguidas por los casos relativos a menores, vivienda y a la Administración de Justicia. En este apartado destaca la reclamación de una mujer que desde noviembre de 2001 espera una solución a una demanda que interpupor daños en su vivienda habitual por la construcción de un supermercado colindante el inmueble.

 

En otro caso en los juzgados de Moguer, el Defensor constató que el órganos instructor “tenía una sobrecarga de trabajo que no se correspondía con el número de funcionarios, la formación de los mismos (todos interinos, y muchos sin formación jurídica antes de entrar a trabajar) y el material disponible (escaso y obsoleto en su mayoría), además  de coincidir con el cese de un juez y la designación del nuevo titular.

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