Las economía sumergida es la peor competencia desleal a la que se enfrentan los pequeños empresarios de la provincia (no hay que olvidar que representan el 90% del tejido empresarial). Y de ahí, que desde la Federación Onubense de Empresarios se haya convertido en un enemigo a combatir. Pero necesitan la actuación de la Administración, que es quien tiene las competencias para vigilar y controlar la actividad (y sancionar en el caso de que se considere oportuno).

La patronal onubense ha detectado más de 550 casos de irregularidades de este tipo en un año; los mismos que han hecho llegar a las administraciones y autoridades competentes en la materia, pero el resultado es que ni siquiera el 10% de estas denuncias tiene un seguimiento. De ahí, que la principal petición se centre en la creación de un cuerpo de inspectores que se dedique de forma específica al control de 'los ilegales': "Entendemos que con el personal disponible sólo se alcance a vigilar la actividad de los que están registrados, pero lo que no comprendemos es que se deje de lado a los incumplen la ley desde el principio hasta el final", explica Javier Regalado, director del Área de Servicios Avanzados para Empresas de la FOE.

De momento, ya han encontrado respuesta en los ayuntamientos de Riotinto, Nerva y Moguer, que se han comprometido a contrarrestar los efectos de esa competencia desleal, que ya está afectando incluso al turismo, especialmente en la Sierra, "donde la comercialización de servicios de alojamiento no reglado está dañando muy seriamente la imagen del sector", concluye Regalado.