El auto judicial que lleva al procesamiento del ex delegado provincial de Empleo, Eduardo Muñoz, ha abierto un capítulo más de la confrontación entre socialistas y populares en Huelva. El PP pide explicaciones y ataca enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. Y el PSOE rechaza los "linchamientos" públicos, mientras recurre a la comparativa con las "condenas sumarias" de la dictadura franquista. Mientras, los siete acusados en Huelva de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por la gestión de las ayudas a los cursos de formación siguen a la espera del desenlace del proceso: o la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.

El secretario de Organización del Partido Socialista onubense, Jesús Ferrera, recurrió ayer en rueda de prensa al mismo argumento que empleó un día antes el portavoz del equipo de gobierno de la Junta, Miguel Ángel Vázquez: "Respeto a la justicia".

Frente a esta postura, el "irrespetuoso" Partido Popular, convertido en "juez, parte y ejecutor", y autor de un "linchamiento" público a Muñoz, al mismo tiempo, apuntó, que "ha sido condenado por machacar los ordenadores en los que escondía la corrupción".

No es la única referencia de ayer al término, convertido en pelota de tenis de acusaciones ante cualquier información que salta en los medios. El secretario general del PP de Huelva, David Toscano, recuperó también en rueda de prensa una frase ya utilizada: "El epicentro de la corrupción vuelve a situarse en Huelva, en este caso en los pasillos de la Junta de Andalucía y del PSOE de Huelva".

Toscano pidió explicaciones a los socialistas "por la mala gestión de los fondos públicos". "Se les han acabado las excusas" tras el procesamiento de Eduardo Muñoz, y "siguen mudos ante este nuevo escándalo". Aunque de novedoso, poco tiene.

La investigación de las subvenciones a los cursos de formación es uno de los frentes políticos que mantienen populares y socialistas a nivel autonómico, utilizado en la provincia onubense a partir de la implicación del antiguo delegado, Eduardo Muñoz. Las reacciones, de hecho, se sucedieron el martes en las filas del PP andaluz, insistiendo en que "al igual que los ERE y otras ramificaciones, como el caso Invercaria, este tema va a dar mucho que hablar en los próximos meses", según dijo en Málaga la vicesecretaria de Organización del PP-A, Patricia Navarro.

Toscano insistió ayer en que "es muy grave lo que está ocurriendo en esta provincia y el PSOE y la Junta de Andalucía, en vez de aclarar lo sucedido a los onubenses, guardan un silencio intolerable pese a las investigaciones llevadas a cabo por la Policía y por los jueces y que, en este caso, acaban con Muñoz procesado".

Pero Jesús Ferrera recordó que el auto de procesamiento del juez no implica que "sea culpable", por lo que emplazó a los populares a valorar el caso "después de una resolución judicial" y no antes.

El secretario de Organización de los socialistas onubenses fue un poco más allá y no se cortó al trazar un paralelismo entre la forma de proceder del Partido Popular y la justicia que practicaba la dictadura franquista. El PP, afirmó, está "más cómodo en los años 40, cuando se dedicaba a juzgar y a condenar de forma sumaria, que es lo que está haciendo actualmente".

"Le están arruinando la vida y le están machacando", dijo Ferrera del exdelegado de Empleo, "y aunque luego se caigan las denuncias, el linchamiento ya está hecho", recordando, además, que Muñoz "causó baja del partido de forma voluntaria", sin necesidad de que "nadie tuviera que expulsarlo".

Otra cosa es la resolución del Tribunal de Cuentas (TC) conocida la semana pasada sobre la investigación. Si el PP valora el auto de la Audiencia Provincial antes de que se determine la apertura de juicio oral o se solicite el sobreseimiento, el pronunciamiento del Alto Tribunal lo considera un "borrador", sin la "consideración de definitivo", con el que "el Gobierno de Susana Díaz ha querido tapar el escándalo de los cursos de formación demasiado pronto, queriendo manipular y extender el resultado del borrador del Tribunal de Cuentas", dijo ayer Toscano.

Para los socialistas, la visión es muy distinta tras el acta de liquidación provisional del TC que, entre otros aspectos, rechaza el menoscabo de fondos públicos en la gestión de las subvenciones. "Las acusaciones están cayendo y el PP no pide perdón", subrayó Ferrera. Un día antes, Miguel Ángel Vázquez ya las consideró una "gran farsa" de los populares, a los que acusó de "enfangar la política".

Queda recorrido judicial y político. La pugna seguirá.