Huelva

Los directores de centros públicos temen menos unidades de Infantil

  • El curso 2015/16 contó con 679 niños menos en Infantil que en el periodo anterior

Los directores de los centros docentes públicos, integrados en las asociaciones Asadipre y Adian, así como las Ampas de Codapa han mostrado su inquietud ante una posible supresión de unidades, especialmente de Infantil, de carácter público.

Estas entidades argumentan que "el considerable descenso de natalidad existente en los últimos años, ha supuesto la supresión de muchas unidades de Educación Infantil en los últimos cursos y la pérdida de numerosas líneas educativas en algunas localidades de Andalucía". De no variar la política de supresión de unidades de carácter público de forma inminente, en los próximos años asistiremos al desmantelamiento progresivo de la red de centros públicos de educación, según señalan docentes y Ampas.

La realidad es que en solo un año, la provincia ha perdido 679 niños -un 4%- que se integran al segundo ciclo de Infantil, momento en el que los chavales acceden a los colegios. Según las estadísticas de la Consejería de Educación, esto se ha traducido en que se han perdido 39 unidades. Aunque desde la Delegación Territorial de Educación se ha garantizado que, para el curso 2016/17, se incrementarán las unidades en 13, desde estas asociaciones ven la posibilidad de que haya reducciones y que éstas incidan en el sector público. Así, en un comunicado argumentan que "hasta ahora este descenso de natalidad ha sido asumido exclusivamente por los centros de la red pública, mientras se mantiene o aumenta el número de unidades de la red privada concertada, provocando en la práctica un aumento de las segundas y una disminución de las primeras alejándose cada vez más de la proporción que existía de ambas enseñanzas". El portavoz de Asadipre en Huelva, Enrique Jabares, reconoció que Huelva no ha sido de las provincias más afectadas por esta evolución, pero apuntó a que cualquier supresión de unidades en centros docentes de la red pública supone un grave atentado a la oferta educativa que la Administración debe garantizar.

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