El Ayuntamiento de Huelva se resiste a pagar 2,2 millones de euros por el edificio de la vieja cárcel provincial. Una sentencia del pasado 14 de diciembre le obligaba a abonar a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la cantidad firmada en el convenio de cesión de la infraestructura. El alcalde, Gabriel Cruz, ya anunció en febrero que se recurriría esa resolución, y ahora se ha formalizado en un recurso de casación que se interpondrá ante el Tribunal Supremo. Es el último paso para evitar un desembolso que supondría un gran perjuicio a las deterioradas arcas municipales.

El Pleno ratificará mañana el Decreto de Alcaldía del 7 de junio con el que se decidió el recurso contra la sentencia de la Sección Segunda de lo Social de la Audiencia Provincial de Huelva en el recurso de apelación 210/2017 presentado por la sociedad estatal.

El dictado del juez indicaba la necesidad de que el Ayuntamiento de Huelva abonara a la SIEP los 2.233.150,31 euros previstos en el convenio de permuta firmado en 2006 por el entonces Gobierno local del PP e Instituciones Penitenciarias. La antigua cárcel de Isla Chica pasaría a tener titularidad municipal a cambio de este pago y de la cesión del suelo para el Centro de Inserción Social David Catalá, junto al centro comercial Holea, ya construido.

El alcalde, Gabriel Cruz, avanzó en febrero que el recurso se basaría en "cuestiones más técnico-jurídicas, sobre la jurisdicción competente, de si era contencioso administrativo o civil, y sobre la capacidad del Ayuntamiento para abordar esa deuda pendiente". "Estamos estudiando sobre la procedencia o no de la cantidad que hay que pagar. Y me gustaría saber -añadió- hasta qué punto tenemos que asumirla en las condiciones en las que estamos".

Según informó entonces Cruz, la SEIP interpuso una demanda en enero de 2015 contra el Ayuntamiento -antes del cambio de gobierno municipal- después de que no atendiera el pago comprometido casi nueve años antes. Las críticas, sin embargo, le cayeron también al equipo actual por no llegar antes a un acuerdo con el Ministerio en la segunda mitad de 2015.

Las relaciones entre Gobierno y Ayuntamiento parecen enquistadas a cuenta de la vieja cárcel. Ya se inició un cruce de acusaciones con el requerimiento municipal al Ministerio por el estado de abandono del edificio. El 1 de febrero pasado se anunció una sanción al no emprender actuaciones urgentes de limpieza y seguridad, que serían asumidas de forma subsidiaria por el propio Consistorio. Y un día después contraatacó la SEIP al hacer pública la sentencia que le condenaba al pago de 2,2 millones de euros más costas. "Si hubiera causa-efecto entre la sanción y el anuncio de la sentencia sería pueril", valoró el alcalde.

El Ayuntamiento, aunque aún no lo ha anunciado, recurre ahora ante el Supremo. El proceso de cambio de titularidad se prolongará así un poco más.