La Agencia de Protección de Datos abre diligencias por los ficheros de la prisión

Las actuaciones determinarán si procede investigar Instituciones Penitenciarias se declara al margen de cualquier documento

Javier Ronchel Huelva | Actualizado 10.02.2016 - 12:14
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) inició ayer las actuaciones previas de investigación tendentes a acreditar el abandono de documentos confidenciales de presos de la antigua prisión provincial de Huelva, que se encuentra en estado de abandono y accesible para los transeúntes. La apertura de diligencias, realizada de oficio, según informaron fuentes del ente estatal a esta redacción, se produce tras la publicación ayer en Huelva Información de algunos de los papeles que forman parte del archivo dejado sin custodia en el inmueble, al descubierto y al alcance de cualquier persona durante los últimos años.

Desde la AEPD no se ha valorado el alcance de los hechos. Hasta el momento no constaba ninguna denuncia al respecto y ha sido la publicación de ayer en el periódico la que ha motivado que se actúe ahora de oficio. Esto no significa, aclaran, que se haya abierto ya un expediente ni asegura que el proceso vaya a culminar en sanciones, ya que si no se constata una vulneración en la custodia de los datos se archivaría el caso. Pero es el paso previo a un procedimiento de este tipo.

La legislación que regula el funcionamiento de la AEPD, a través del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establece que este tipo de actuaciones previas "se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que pudieran justificar la incoación del procedimiento, identificar la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso".

En el mismo reglamento se establece un plazo máximo de doce meses para el desarrollo de las diligencias, que para los papeles de la antigua cárcel onubense cuenta desde ayer. El personal encargado será el perteneciente al área de la Inspección de Datos de la agencia, y se contempla para recabar información, entre otros, la inspección presencial de los ficheros en el lugar en el que fueron encontrados, por lo que, según marca la legislación, no se descarta que se desplacen a Huelva para conocer las circunstancias en que aparecieron.

Entre los documentos que permanecen abandonados en el antiguo centro penitenciario, tirados en el suelo y con signos de haber sido manipulados, hay fichas de internos que pasaron por la prisión durante sus últimos años de funcionamiento, además de impresos de servicio de permisos temporales e informes de recuentos de los módulos. Sin embargo, la AEPD tampoco quiso considerar ayer a este periódico la tipología de los datos referidos ni el alcance que pueda tener su falta de custodia, antes de que sus inspectores realicen las actuaciones.

En la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se recogen tres niveles de seguridad: básico, medio y alto. Entre los ficheros de consideración intermedia, según establece el artículo 81, figuran "los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias accedió ayer a atender a Huelva Información de la vieja prisión, pero no para hablar de la documentación encontrada. Fuentes de la Administración rehusaron reconocer la existencia de los archivos y se limitaron a mantener que es solo la afirmación de un medio de comunicación. No dieron información del destino que se le dio a los documentos existentes en el centro antes del fin de su uso como prisión.

Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, insistió en que no es propietaria del inmueble, que pertenece a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por este motivo y porque tiene la puerta principal sellada, que hace que entrar en el edificio constituya delito, alegan, no pueden acceder a la antigua prisión, pese a pertenecer al Estado. Para ello, insisten, se tienen que poner en contacto previamente con la SIEP.


No hay respuestas, no obstante, sobre la falta de custodia de unos documentos que pertenecían a Instituciones Penitenciarias cuando el inmueble también era de su propiedad. Ni por qué ahora permiten que datos confidenciales propios estén en un edificio fuera de su alcance y de otro Ministerio.
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