La Junta de Andalucía ha solicitado al promotor del oleoducto de la refinería Balboa un documento complementario al estudio de impacto ambiental que recoja las consideraciones ambientales que ha formulado la Administración andaluza para "una exhaustiva evaluación del proyecto dada su envergadura".

Así consta en el documento elaborado por técnicos de la Junta, con fecha 26 de junio de 2008, facilitado por Izquierda Unida. Según se desprende del informe, la Administración regional considera insuficiente y superficial el estudio de impacto que adolece sin ir más lejos del estudio de gestión para los residuos por el productor de los mismos. Pero no es lo único, también echa en falta información sobre los impactos y sus medidas correctoras sobre la contaminación del suelo que producirá el proyecto del oleoducto en sus distintas fases de diseño, construcción, pruebas y explotación, así como el estudio de prevención, seguimiento y control.

Según la Junta el promotor del proyecto deberá redactar un plan de control del medio receptor adecuado a los vertidos generados, que no existe, para que éstos puedan tener la autorización correspondiente. En cualquier caso se prohiben los vertidos que no sean de pluviales limpias al arroyo Juan Delegado, que discurre junto a las instalaciones de almacenamiento.

En cuanto al impacto sobre los acuíferos, el documento dice que "no se analiza en profundidad el protocolo de actuación en caso de vertido accidental" y no se establece análisis alguno del "posible vertido accidental en el medio marino", lo que dificulta la determinación de los posibles impactos sobre los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y hábitats.

La Junta considera que el promotor debe aportar dicha información para estimar las repercusiones que sufrirá el medio marino y el litoral y realizar una valoración sobre los riesgos del incremento del tráfico marítimo de petroleros en la costa de Huelva en cerca de cien buques al año. Es más, apunta que el estudio de impacto estima la ocurrencia de vertido cada diez años, pero no establece ningún protocolo ni medida de actuación cuando éste se produzca ni se especifica qué entidad pública o privada debe acometer dichas actuaciones. Como elemento ambiental significativo señala el cruce del oleoducto con el cauce Rivera de Huelva y que lo atraviesa a una distancia de 400 metros de embalse de la Minilla. Además, considera que el estudio de impacto debe profundizar con mucho más detalle la incidencia que se produce sobre los hábitats naturales de interés comunitario y otros prioritarios.

El informe recoge que la conducción en tierra desde el punto de entrada en la costa hasta la planta de almacenaje es uno de los puntos críticos del proyecto al incidir sobre un área territorial con notables valores ambientales, sin olvidar que el oleoducto cruza el estero Domingo Rubio y el corredor verde del Guadiamar, la Rivera de Huelva y el Parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (la Ribera del Cala incluida).

También echa en falta la Junta un estudio sobre los efectos ambientales asociados a la líneas eléctricas, así como un plan de restauración ecológica y paisajística.

El informe concluye que si bien el estudio de impacto ambiental detecta y describe adecuadamente los puntos más problemáticos asociados al trazado del oleoducto, no articula un conjunto de medidas correctoras suficientes para corregir la problemática detectada y tampoco se articulan operaciones de vigilancia que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructuras en términos de calidad ambiental.