El proyecto de restauración de las balsas de fosfoyeso presentado por Fertiberia no es compatible el planeamiento urbanístico vigente en la capital. Esa es la conclusión a la que llega el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva en un extenso informe en el que advierte que el plan presentado por la empresa para confinar y cubrir los residuos es incompatible con algunos de los usos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana para la zona y supondría una merma en el caso de otros, por lo que sólo podría ejecutarse previa modificación del planeamiento. Pero esa no es la única advertencia que hace el dictamen de los técnicos de Urbanismo: también alertan de que no se están cumpliendo las prescripciones del Instituto Geológico y Minero (IGME) en cuanto a la necesidad de tratar las balsas como una presa de importancia especial. Y plantean una alternativa novedosa para reducir los riesgos sísmicos de los apilamientos de yeso: un traslado parcial que permitiese cumplir los requerimientos del IGME y "dotar de seguridad real al casco urbano".

Esas serían las principales conclusiones del trabajo encargado por el Pleno y revisado por el secretario, al que ha tenido acceso Huelva Información. La encomienda pasaba por analizar si el proyecto de regeneración presentado por Fertiberia (no definitivo, puesto que la empresa aún está elaborando nuevos estudios) se adecuaba a lo recogido en la normativa urbanística de la capital. Aunque según remarca el trabajo, los incumplimientos son anteriores: el propio apilamiento de yesos ya contraviene el Plan General del 99, ya que el documento recoge de forma expresa la prohibición de actividad industrial y de vertido en estas zonas, "manifiestamente incumplida por Fertiberia e inobservada durante décadas por quien corresponda". Según el estudio de Urbanismo "la permanencia de los vertidos contraría el PGOU, la Ley de Costas y los propios condicionantes de vertido de la concesión administrativa, que limitaba a 3 metros de altura el depósito de fosfoyesos sobre las marismas", condición esta última cuyo incumplimiento supuso la caducidad de la concesión para el depósito de los vertidos. Es más, recuerdan desde Urbanismo, los abogados del Estado identificaron durante el proceso judicial las balsas "como instalaciones a desmantelar e inadmisibles".

Sin embargo, la solución de retirada de los fosfoyesos ha quedado rechazada en el proyecto de Fertiberia y por el Ministerio de Medio Ambiente, sin contemplar siquiera lo que el Ayuntamiento considera una solución "de tipo intermedio", el levantamiento parcial de esos residuos. Esa es una de las ideas novedosas que aporta el estudio realizado por una arquitecta municipal, como alternativa para reducir un riesgo sísmico que se considera no suficientemente evaluado e incorporado al proyecto. Como destaca el informe, el IGME instó a considerar las balsas como una presa de importancia especial, cumpliendo la legislación aplicable a este tipo de instalaciones en sus condicionantes de vaciado y contención, algo que el plan de Fertiberia no hace. El proyecto de restauración, añaden desde Urbanismo, debería haber estudiado alternativas que disminuyan los riesgos derivados de un posible terremoto, "con soluciones tanto más técnica y económicamente posibles y más seguras para los ciudadanos cuanto menor sea la altura de las formaciones de fosfoyesos"; de ahí que se apunte a ese traslado parcial de los residuos que no se ha analizado. Por todo ello, el Ayuntamiento reclama que cualquier solución sobre las balsas cumplimente las prescripciones del Instituto Geológico y Minero (en el sentido de tratar las balsas como una presa) y se haga un estudio de alternativas, incluida la retirada parcial, ya que hasta ahora sólo se ha estudiado el traslado total de los residuos, considerado inviable por ser del impacto del traslado mayor que el de la permanencia de los fosfoyesos. El informe es muy crítico a este respecto: apunta a que se dan unas garantías jurídicas y ambientales a otros territorios que no se están exigiendo en el caso de Huelva, pareciendo que "se debería seguir incumpliendo la legislación para el caso de Huelva sin ni siquiera afrontar o estudiar soluciones intermedias que minimicen el impacto resiliente en este término municipal".

La alternativa seleccionada por Fertiberia y preaprobada por el Ministerio pasa por el vaciado del agua de las balsas, el establecimiento de una red de drenaje, una cobertura de varias capas, reforestación y 30 años de vigilancia ambiental posterior. Una propuesta que contraviene lo recogido en la planificación urbanística, aunque el Ayuntamiento no niega que pueda ejecutarse: podría hacerlo con una modificación del PGOU, cambios en el planificación de infraestructuras de Andalucía y la redacción de un Plan Especial. Todo ello antes de que el plan recibiese autorización alguna, algo que marcaría de cumplirse un nuevo horizonte temporal para la tramitación del proyecto de Fertiberia, dependiente en ese caso de los trámites municipales.

Pero sin esa tramitación iría en contra de la normativa urbanística. El Plan General vigente prevé la recuperación de la zona ocupada por las balsas de fosfoyeso para fines recreativos, espacios libres y dotaciones e infraestructuras viarias "de primera magnitud", en concreto, el puente del Tinto que uniría la capital con Palos y Moguer, un antiguo proyecto recogido en la planificación. Ese viaducto y su red viaria serían inviables con la propuesta de Fertiberia, señalan desde Urbanismo, mientras que podría generar una afección a futuros usos relacionados con las redes de infraestructuras urbanas, como la de agua. En cuanto al uso público futuro de las balsas, se advierte de que la propuesta presentada supondría habilitar zonas incompatibles al uso humano en contra del planeamiento vigente, que prevé espacios libres sin restricciones de áreas. Por lo tanto, al suponer una merma sobre los usos previstos en el PGOU, hay una nueva incompatibilidad.

Según advierte la arquitecta, la regeneración que se plantea "ha de ser en base a la efectiva permisibilidad de los usos para lo cual están destinados por el planeamiento vigente y la Ley de Costas, sin mermas de tales usos". Y, advierte, no se puede intentar vulnerar esas prescripciones vía proyecto técnico, como parece haberse dado a entender durante la tramitación del plan de Fertiberia ante el Ministerio de Medio Ambiente. Así, señala, un informe aceptado por el Ministerio recoge que los usos futuros de las balsas vendrán condicionados por el proyecto de clausura que se emplee, abogando por unos usos limitados puesto que "a usos más amplios les corresponderían proyectos mucho más costosos y que generarían otros impactos ambientales mayores". "En cualquier caso, el proyecto debe especificar los usos compatibles con su solución", remacha el informe, algo que contraviene el departamento de Urbanismo, recordando que es el planeamiento urbanístico el que tiene que condicionar el proyecto, no al revés.

Por otra parte, los técnicos hacen una última advertencia al Ministerio: en materia de responsabilidades económicas para conseguir un proyecto que se adecue a la normativa urbanística, al reglamento de presas y estudie la disminución de riesgos, tal y como reclama el Ayuntamiento, hay una responsabilidad compartida. "En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, responderán subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario". Es decir, que el Ministerio tendría que asumir la restauración de la zona si Fertiberia no la hace efectiva.