España

El Ayuntamiento evaluará si el proyecto de Fertiberia se ajusta al PGOU

  • Los técnicos analizarán qué actuaciones permite la normativa urbanística en las balsas. Una comisión estudiará la 'remunicipalización' del servicio de aguas.

Después de un impasse de años, la recuperación de las marismas usadas como depósito de fosfoyeso durante cuatro décadas se ha convertido en tema estrella de la política municipal. Y en esa deriva verde, el proyecto presentado por Fertiberia para la recuperación de las balsas se presenta como el primer enemigo a batir: dos mociones (IU y Mesa de la Ría) abogaban ayer por impedir su ejecución desde distintos instrumentos administrativos. El Pleno dio luz verde a una tercera propuesta: los técnicos municipales elaborarán un informe sobre la adecuación (o no) del plan presentado por Fertiberia al Plan General de Ordenación Urbana, la norma suprema en materia de urbanismo en la ciudad.

"Los servicios técnicos y jurídicos van a decir qué se puede hacer ahí", explicaba el alcalde, Gabriel Cruz. El PGOU aprobado en el 99 contempla las marismas usadas como vertedero de yesos como "suelo de interés a regenerar" y marca una serie de usos permitidos y excluidos de los terrenos. El informe que elaboren los técnicos tratará de determinar si el proyecto presentado por Fertiberia (que aún no es definitivo) cumple las prescripciones del plan y determinar qué actuaciones se pueden desarrollar no sólo en las 720 hectáreas de la concesión actual de Fertiberia, sino en las 1.200 que la Mesa de los Fosfoyesos apuesta por recuperar, la totalidad de la superficie que ha sido utilizada como vertedero durante 40 años.

Los grupos políticos aprobaron por unanimidad no sólo la elaboración de ese estudio, sino también la búsqueda de fondos europeos para la restauración, colaborar con la comisión de expertos que tiene que elaborar su propio dictamen sobre la recuperación de las balsas y proponer a la Mesa de los Fosfoyesos la retransmisión de las sesiones. Y también, como reclamaba Izquierda Unida, comprobar si Fertiberia está trabajando en las balsas sin la preceptiva licencia de obras.

Los acuerdos se recogían en una moción de IU recompuesta sobre la marcha tras un largo debate, tenso por momentos, interrumpido por los miembros de la Mesa de la Ría que habían acudido al Pleno. Era este partido el que abría la espita de los fosfoyesos al reclamar al Ayuntamiento que emitiese un informe negativo de compatibilidad urbanística sobre el plan de Fertiberia. "Así el proyecto quedaría detenido", argumentaba el portavoz de la MRH, Rafael Gavilán. El informe de compatibilidad es un documento preceptivo y vinculante para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (el permiso ambiental necesario para ejecutar el proyecto). Pero contrarrestaban el equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, que argumentaban que aún no se ha iniciado la tramitación de dicha autorización, por lo que no se podría emitir ese informe. "Tenemos que actuar antes de que la Audiencia Nacional se pronuncie", insistía el portavoz de la MRH ante un público cada vez más inquieto. "Lo que usted pide es un dictamen", respondía Cruz a Gavilán; "no puedo pedir a un técnico que se pronuncie cuando no hay un procedimiento abierto".

El alcalde intentaba desbloquear la situación con una alternativa, un estudio técnico pero sin la problemática denominación de compatibilidad urbanística, el que finalmente se aprobó. "Se lo encargo al secretario", apuntaba Cruz con el funcionario al lado. Para entonces lo que eran interpelaciones aisladas de los asistentes de la Mesa de la Ría ya se habían convertido en una interrupción continua del pleno, incluido su portavoz, con Cruz reclamando "respeto" a los concejales y Gavilán dudando si aceptar o no la propuesta. La rechazó finalmente y fue IU quien recogió el guante en su moción.

Los izquierdistas llevaban su oposición al proyecto en una iniciativa en la que también reclamaban al Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno central que denegasen a Fertiberia las autorizaciones que solicitase para ejecutar su plan, como fórmula para paralizarlo. Pedro Jiménez aludía a los informes publicados por Huelva Información sobre filtraciones de contaminantes en las balsas, incluidas las zonas restauradas, y otros trabajos en la Universidad de Huelva para defender que "Ministerio y Junta deben informar desfavorablemente el proyecto". Y alertaba sobre la evaporación del agua de las balsas: "¿Quién garantiza que no daña a la salud?". Pero la respuesta que se encontraba era la misma que Gavilán: "No podemos hacer una denegación preventiva", alegaba el concejal de Urbanismo, Manuel Gómez. De nuevo, era el alcalde quien proponía una transaccional: modificar la redacción de la moción para que respetara los cauces legales. Y Pedro Jiménez aprovechaba para reclamar que se elaborase el informe anteriormente rechazado por la Mesa de la Ría. "Que se analice el proyecto actual, no el original", añadía el portavoz del PP, Ángel Sánchez.

El segundo gran debate del día llegaba de la mano de una moción de Participa Huelva solicitando que se asegure "el mínimo de suministro de agua establecido por Naciones Unidas" y la adhesión del Consistorio al Pacto Social del Agua. Una moción tipo que los partidos de origen podemita están presentando en los ayuntamientos, pero con una connotación especial en Huelva, donde la empresa de aguas es mixta, mientras que el pacto que se pedía suscribir abogaba por dejar en manos públicas la gestión del abastecimiento y saneamiento. De ahí a la petición de "remunicipalización del servicio", en palabras del portavoz Jesús Amador, sólo había un paso.

Participa Huelva, Mesa de la Ría e IU dieron ese paso. Los dos últimos solicitaron que se crease una comisión para estudiar la posible vuelta a la gestión pública del servicio de aguas, recuperando el 49% de las acciones en manos de Hidralia. Ciudadanos, PP y PSOE alertaban del coste de la operación. "El grupo socialista votó en contra de la venta del 49% de las acciones y tenemos un contencioso en el TSJA contra la subida de precios", señaló Antonio Ramos, pero "hay que estudiar cómo va a afectar a las arcas del Ayuntamiento o a los ciudadanos esa operación". La popular Berta Centeno pedía votar los distintos puntos de la moción por separado, puesto que "no podemos ir en contra de nuestro modelo de gestión mixta". El proponente, Jesús Amador, contestaba que "puede que no tengamos que comprar el 49%, tenemos un 51% de las acciones, empecemos a mandar en la empresa".

En la actualidad, la gestión de la empresa recae en manos de Hidralia, que recibe un canon fijo por esa labor. Un modelo que, recordó el alcalde, está recogido en el contrato firmado hace tres años, que habría que resolver si se quiere volver a una gestión municipal del abastecimiento y saneamiento. "Estamos hablando de tener que abordar una partida presupuestaria -millonaria- para la resolución del contrato", advirtió Cruz. Con los votos a favor de todos los grupos políticos salvo el PP (en contra) se aprobó que una comisión estudie el coste de romper el contrato para decidir después el siguiente paso a dar.

A falta de la regulación de la prometida figura del concejal 28, el Pleno acababa ayer con la intervención de dos ciudadanos de a pie: Francisco Rodríguez y Lorena Ramos. Esta última cerraba la sesión tras 7 horas y media de debate en nombre de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: "Si queréis, podéis cambiar las cosas".

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