El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y su anterior responsable en Huelva, F.G.M., tendrán que hacer frente al adelanto de un millón de euros "para asegurar las responsabilidades civiles" en el caso por acoso al ex inspector del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional onubense.

Así lo hace constar el magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva en el auto de procesamiento -al que ha tenido acceso Huelva Información- del asunto, que llevará al banquillo de los acusados a F.G.M. una vez que la Audiencia Provincial determine definitivamente en qué órgano de lo Penal se desarrollará el juicio y que éste señale la fecha para su celebración. La acusación particular solicitará entonces el "ingreso inmediato" del millón de euros, "una de las fianzas más cuantiosas exigida nunca" a un sindicato policial y de la que el juez deja exenta a la Dirección General de la Policía.

La vista se seguirá entonces (previsiblemente el año que viene) por un delito continuado contra la integridad moral y delito de lesiones o, subsidiariamente, de coacciones continuadas; otro de calumnias contra funcionario público en el ejercicio de su cargo y otro más continuado de injurias graves con publicidad contra el inspector, cargos por los que F.G.M. puede enfrentarse a una pena global de hasta seis años de prisión pese a las reiteradas peticiones de archivo por parte de la Fiscalía.

En el auto se refiere que el procesado mantiene desde febrero de 2010 una "conducta incesante de acoso y derribo de la persona y la labor profesional del inspector" E.F., lo que ha repercutido "seriamente tanto en su profesión como a nivel personal", obligándolo a pasar amplios periodos de baja laboral y causándole graves daños psicológicos de los que todavía no ha logrado recuperarse.

El origen de la supuesta actitud acosadora está, afirma el magistrado, en las detenciones que el ex jefe del SAF practicó en 2008 "contra policías implicados en delitos relacionados con violencia sobre la mujer". F.G.M. inició entonces una supuesta "campaña de desprestigio del denunciante con un objetivo claro de conseguir su destitución", llegando incluso a arremeter contra él en medios de difusión provincial y nacional.