La Delegación Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva acumuló entre 2005 y 2013 un total de 27,6 millones de euros en subvenciones para cursos de formación sin justificar en plazo. La falta de control en la adjudicación y gestión de las ayudas para la formación profesional para el empleo llegó en Huelva hasta el punto de que el interventor provincial alertó en dos informes en 2013 y 2014 de que la Dirección Provincial de Huelva "no ha cumplido con la legislación que le es aplicable" y llegó a asegurar que la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos en la normativa reguladora por parte de la Delegación del SAE "han ocasionado menoscabo de los fondos públicos".

Así se recoge en las diligencias elaboradas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del caso abierto sobre los cursos de formación, un antecedente de la operación Barrado que concluiría con la detención de diferentes ex delegados provinciales de Empleo y el hasta entonces titular de la Delegación de Huelva, Eduardo Muñoz. El Instituto Armado se hace eco de un informe especial elaborado por la Intervención General sobre los expedientes de subvención a la formación de las distintas delegaciones provinciales, en el que en el caso de Huelva se estudiaron un 15% de los expedientes tramitados, 61 en total. Y el resultado del informe fue demoledor: de ellos, sólo 26 se encontraban justificados, y de esos 26 la mayoría, 20, debían ser objeto de una nueva revisión.

Es sólo una de las irregularidades detectadas en la gestión del SAE en Huelva: falta de justificación por el órgano gestor, dejar caducar los procedimientos de reintegros iniciados o la realización de pagos teniendo pendientes justificaciones anteriores son algunas de las recogidas por la intervención. Para eludir este último requisito legal (no se permite conceder una nueva subvención a entidades que tengan pendiente justificar una anterior) se usaban las llamadas exceptuaciones, previstas para circunstancias de especial interés social, pero que según recogen las diligencias de la Guardia Civil llegaron a emplearse de "manera sistemática".

El caso de Huelva no era único. Según el sumario, la Intervención de la Junta de Andalucía eleva a 3.015 millones de euros la cantidad que está pendientes de justificar y que ha sido objeto de requerimiento por parte de las distintas intervenciones competentes en los programas relacionados con las subvenciones para los cursos de formación en el período 2005-2008. De esta cifra, la mayor parte, 2.260 millones se corresponden con programas ejecutados por los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el resto por las delegaciones provinciales.

Fuentes de la Junta precisaron ayer que la cifra que aporta la Guardia Civil incluye otras partidas y que la cantidad pendiente de justificar ronda los 700 millones.

En el sumario, cuyo secreto levantó parcialmente la instructora la semana pasada, se incluye la declaración como testigo del interventor adjunto de Control Financiero y Control Financiero Permanente de las grandes empresas de la Junta, Ignacio García Revilla, quien sostiene en la declaración que prestó ante la juez que el SAE pudo falsear los certificados que se emitían una vez liberado el pago del 75% de las ayudas y en los que se hacía constar que los fondos subvencionados se habían destinado a la finalidad objeto de la subvención. En concreto, el testigo cree que "los certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la realidad de la muestra que se eligió a la hora de realizar tanto el informe de cumplimiento de 2012 como los informes especiales, sobre todo en relación a estos últimos, ya que la inmensa mayoría presentaban problemas de justificación".

El interventor llega a afirmar que, aunque no tiene evidencias directas, sí las hay indirectas -a través de la falta de realidad de los certificados y de los "numerosos fallos" en la tarea de comprobación- de que las "deficiencias en las tareas de gestión por parte del órgano gestor se realizaran deliberadamente", y añadió que se actuaría así "por beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios".

En su declaración a la Guardia Civil, García Revilla explicó que como consecuencia del control financiero realizado, "se ha comprobado como el órgano gestor no comprobaba esa documentación, puesto que el certificado emitido no se corresponde con la realidad, bien por desidia o, incluso, dolo", insistió.

La Junta de Andalucía ha reclamado el reintegro de 161.196.187,41 euros correspondientes a un total de 139 expedientes de reintegro iniciados desde que se destapó el fraude de los cursos de formación, según los datos actualizados hasta noviembre de 2014. El último atestado de la UCO, que anticipó la operación Barrado, detalla que esos expedientes de reintegro han sido iniciados bien por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o por la Dirección General de Formación.

Según los datos facilitados a la Guardia Civil por la Intervención General de la Junta, hay 75 expedientes de reintegro con acuerdo de inicio por importe de 178 millones, de los que resultan un reintegro de 136 millones; otros 40 expedientes con acuerdo de resolución que implican el reintegro de otros 20,9 millones; 17 expedientes con acuerdo de resolución definitiva por otros 2,8 millones; y los siete últimos corresponden al Servicio de Programas de Empleo por 859.415 euros.

De todos esos casos, la Guardia Civil destaca que cinco expedientes de reintegro se refieren a subvenciones otorgadas a la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe), que suman más de 86 millones, pero como los derechos y obligaciones de esta fundación se subrogaron en el SAE en el momento de su extinción, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo ha informado en un escrito del pasado 13 de marzo que se ha producido una "extinción por confusión de derechos al exigir la efectividad del reintegro, al coincidir en el SAE la posición jurídica de concedente de la subvención y beneficiario".

Esta circunstancia ha provocado que la Consejería de Educación, a la que está adscrita la dirección general de Formación, haya iniciado "diligencias previas para dirimir la posible existencia de daños y perjuicios a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma y depurar las posibles responsabilidades administrativas y contables".