Cierre de filas en el PSOE onubense en torno a Eduardo Muñoz. El secretario general de la formación, Ignacio Caraballo, aseguró ayer que tanto él como sus compañeros respaldan al exdelegado de Empleo, cesado en el cargo de forma fulminante el mismo día de su detención, el martes, y puesto en libertad con cargos un día después tras negarse a declarar.

Muñoz, así como la ex directora-gerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Profesional para el Desarrollo Sostenible (Formades) de Almonte, Ana María Orihuela, fue uno de los 16 arrestados el pasado martes en el marco de la operación Barrado por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya. La magistrada considera que los arrestados pudieron incurrir en delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y prevaricación.

Estos supuestos delitos tendrían su fundamento en presuntas órdenes que desde la Consejería de Empleo se habrían dado a las delegaciones provinciales para que se relajara la obligación de fiscalización posterior de las subvenciones concedidas para la realización de actividades formativas. Alaya considera así que la Junta de Andalucía habría creado una "red de clientelismo político" a través de la formación.

No obstante, en este momento el partido no se plantea hacer "ningún movimiento" porque "es la presidenta de la Junta o el consejero de Presidencia quienes deciden lo que se va a hacer con la delegación" de Empleo, que ha sido asumida por el delegado en funciones del Gobierno andaluz en Huelva, José Fiscal.

"Ayer [por el miércoles] estuve acompañando a la familia y hay que darse un periodo de análisis. Ahora mismo, indiscutiblemente, está amparado por todos los compañeros. Todos estamos intentando darle ánimos y el cariño que le tenemos que dar, y vamos a esperar", aseguró el también presidente de la Diputación.

Caraballo insistió que la presunción de inocencia debe estar por encima de todo y defendió la labor realizada por Muñoz en la provincia: "Eduardo es una persona íntegra, que lo ha dado todo, que ha transformado y ha ayudado más que nadie a la apertura de proyectos mineros y que tiene nuestro cariño, reconocimiento y presunción de inocencia".

A su juicio, en el marco de una operación judicial de este tipo hay "otras maneras de hacer las cosas", criticando así la criminalización de las "personas que trabajamos por los demás en lo público". En su opinión, con una citación nadie se iba a negar a declarar y, si así fuera así, "hay otros modos" de actuar.

Caraballo aseguró no entender el modo en que se ha procedido porque, en sus palabras, "nos debemos a la gente, damos parte de nuestra vida por los demás y se trata a compañeros, sean del partido político que sean, como a auténticos delincuentes, cuando no es la realidad, cuando son temas administrativos", a lo que añadió que "hay un protocolo que se está superando".

Al trascender que tanto Muñoz como su homóloga en Sevilla, Aurora Cosano, habían sido arrestados por agentes de la Unidad Central Operativa de la Benemérita en el operativo de la Guardia Civil en relación al presunto fraude de la gestión de los fondos de formación, el portavoz del Gobierno Andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en su primera rueda de prensa tras las elecciones del domingo, comunicó el cese de ambos.

Vázquez explicó que, aunque la Junta respeta la presunción de inocencia y está "convencida de que los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras", decidió apartarlos de sus funciones porque es necesario "actuar de manera implacable".

La propia presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quiso dejar claro que cuando "un responsable público es detenido tiene que ser destituido" del puesto de responsabilidad que ostente porque para ella lo primero es que los andaluces siempre tengan "la tranquilidad y la confianza" en sus instituciones.