Los problemas que afrontará el litoral en el futuro ha sido uno de los centros de debate del curso 'Veinte años de la Ley de Costas: hacia un desarrollo equilibrado del litoral'. En él, el ex director general de costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, resaltó que "frenar la ocupación del litoral", especialmente en los bienes más frágiles y "recuperar la funcionalidad de estos espacios" son dos de los principales retos que se plantean las costas en la actualidad. Asimismo, incluyó la mitigación contra las consecuencias que pueda provocar el cambio climático y gestionar el litoral "con otro criterio" dentro de estos desafíos de cara a los próximos años.

Fernández, quien participa en este seminario a cargo de la ponencia 'Planes y proyectos para la defensa del litoral', aseguró que ésta debe abordarse "desde el punto de vista de la actividad humana cuando no está bien orientada", así como desde la defensa de los elementos patrimoniales presentes en estos espacios. A lo largo de su intervención, el ponente apuntó que, en lo referente a estas cuestiones, "se trabaja en varios ejes". Uno de ellos gira en torno al "control de los procesos erosivos que sufre la costa", mientras que otro de ellos trata "la protección y la recuperación de los espacios litorales naturales, principalmente playas, marismas o estuarios", al tiempo que resaltó que "es importante revertir el estado de deterioro que muchos de estos sistemas tienen".

Por su parte, el arquitecto Joaquín Aramburu indicó que "la incipiente crisis tiene la virtud de darnos esa tranquilidad para pensar y aprender de los errores" cometidos en materia urbanística durante los últimos años.

Aramburu, quien se encuentra a cargo de la ponencia 'Planes subregionales del litoral: el Plan de Ordenación del Territorio del litoral occidental de Huelva', realizó durante su intervención una "recapitulación de la experiencia de Andalucía sobre la ordenación del territorio", reflexionó también sobre los aspectos "a mejorar y a destacar". No obstante, el arquitecto recordó que, en Andalucía, las experiencias con esta normativa son muy escasas, puesto que la primera regulación sobre este aspecto data de 1994, por lo que hay "poco material sobre el que ha sido posible equivocarse, y por lo tanto, poco que aprender" .

En cuanto a los aspectos a mejorar de la legislación, Aramburu quiso apuntar que a la hora de elaborar la ley se debieron elaborar algunos conceptos como "la capacidad de carga ambiental de los territorios o el concepto de huella ecológica de las actividades".