El Congreso rechazó ayer, con el voto en solitario del PP, las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE, la Izquierda Plural, UPyD y el BNG a los dos proyectos contra la corrupción, el de control financiero de los partidos y del alto cargo, defendidos ayer por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

El objetivo manifestado por el Gobierno es que sea una tramitación rápida, y que todas las medidas contra la corrupción puedan estar listas antes de final de año.

En plena tormenta judicial, Rajoy acudió al Congreso de los Diputados para defender 70 medidas de regeneración democrática. La inmensa mayoría pertenecen a proyectos de ley que el Gobierno aprobó hace más de un año y que siguen empantanados en el Congreso o se corresponden con iniciativas que el presidente del Gobierno ya anunció cuando compareció ante los diputados en el verano de 2013, acorralado por los hechos conocidos en vísperas del ingreso en prisión de su ex tesorero Luis Bárcenas.

Durante el debate, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, dijo ayer a Rajoy, que no piensa firmar ningún "acuerdo global" en materia de lucha contra la corrupción al considerar que el PP "no es de fiar" mientras no den ejemplo y asuman responsabilidades políticas por los casos que le afectan.

"Abandone toda esperanza, no espere de nosotros ningún acuerdo global en materia de lucha contra la corrupción porque sencillamente, no les creemos, no son de fiar", le censuró el líder del PSOE.

"Si ustedes publican los bienes de toda esta gente, a lo mejor empezamos a hablar, pero no antes. Son los hechos y las actitudes las que retratan a cada uno en su ejercicio de la acción política", subrayó el dirigente socialista.

Entre las medidas anunciadas por Rajoy está la obligación de que los partidos garanticen en sus estatutos que sus militantes participen en el proceso de elección de sus direcciones mediante congresos, asambleas u otras formas de participación siempre que sean democráticas.

También deberá fijar el procedimiento de expulsión de sus miembros condenados por la comisión de cualquier delito doloso y la suspensión automática de militancia si se abre juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.

En materia de financiación, los particulares no podrán hacer donaciones a partidos por encima de 50.000 euros y toda donación superior a 25.000 se deberá notificar al Tribunal de Cuentas.

Habrá igualmente modificaciones en el Código Penal para que la financiación ilegal de partido sea delito, agravar las penas de inhabilitación y aumentar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción.

La reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá agilizar los macroprocesos, se fijará un plazo máximo para la instrucción y se exigirá la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver.