Poco más de un año para ejecutar doce grandes obras y concluir otras once que ya están en marcha. Es el plazo que tiene la Junta de Andalucía para cumplir con la normativa europea que le obliga a que antes del 31 de diciembre de 2015 todos los municipios de más de 2.000 habitantes depuren sus aguas residuales.

El canon que la Junta viene cobrando desde 2010 a todos los usuarios en el recibo del agua en concepto de mejora de infraestructuras (que en algunos casos suponen hasta 3 euros al mes) no parece que haya sido suficiente para ejecutar las obras, sobre todo por la falta de liquidez y la imposibilidad de endeudamiento que tienen las administraciones fijada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Hace tan solo unos días, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, señalaba que el impacto sobre la factura estándar de agua de este canon era "mínimo" y recordaba que se instauró con carácter "solidario" y "finalista" para financiar en el conjunto de la comunidad autónoma las inversiones necesarias para que los municipios que no depuran las aguas residuales puedan hacerlo en el menor tiempo posible, y que ha recaudado 133 millones, es "ínfimo" para el ciudadano.

A pesar de lo recaudado, reconoció entonces que la imposibilidad de adquirir un mayor endeudamiento era precisamente lo que estaba retrasando el ritmo de las inversiones. Y eso que, según se apunta desde la Junta, más del 30% del presupuesto de la Consejería se dedica a las infraestructuras hidráulicas.

Lo cierto es que esa cantidad no ha evitado el vertido de aguas no depuradas en más de un municipio. De su control se encargan las confederaciones hidrográficas (en Huelva actúan tanto la del Guadiana como la del Guadalquivir), que entre sus funciones incluye la de analizar y comprobar la calidad de las aguas continentales. Por ello, no son pocos los ayuntamientos que acumulan expedientes sancionadores. En lo que va de año, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la del Guadiana no ha facilitado datos) ha tramitadohasta diez expedientes. Seis de ellos, contra Ayuntamientos y otros cuatro contra particulares. La mayor parte de ellos (ocho) se gestionan por faltas de que se consideran "leves" y acarrean sanciones máximas de 10.000 euros. Otro de ellos se califica como "menos grave" y ha llegado según ha podido saber Huelva Información a un Ayuntamiento que deberá abonar entre 10.000 y 50.000 euros. La última, se considera grave y se ha impuesto a un particular que deberá hacer frente a una multa de entre 50.000 y 500.000 euros. El problema llega a la hora de pedir responsabilidades porque si bien son los ayuntamientos (o particulares) los que no depuran las aguas residuales, las obras necesarias para ello dependen de la Administración autonómica o central. De esta situación son conscientes en la confederación y por ello "se intentan dar facilidades hasta donde podemos", apuntan desde la CH del Guadalquivir.

El horizonte está marcado y de ahí que en el último año se intenten agilizar las obras. En estos momentos, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ejecuta hasta 11 actuaciones en el marco del ciclo integral del agua bajo una inversión de 61,04 millones de euros. Además se trabaja en la licitación de otros 12 proyectos de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración y defensa de avenidas, así como la redacción de tres más, por un importe de otros 76,75 millones de euros. "En total, 137,79 millones de euros que emergen como una apuesta del Gobierno autonómico por la gestión eficiente y sostenible de los recursos", destacan desde la Junta.

Entre las primeras ocupan un papel destacado la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Antilla, con un presupuesto de 24,02 millones, que se complementa con la construcción del colector de saneamiento de Isla Cristina, con una partida de 2,72 millones. Estas actuaciones garantizarán el suministro a una población de unos 150.000 habitantes que se multiplica por dos, hasta las 300.000 personas, con la llegada de la temporada estival.

Sobresalen también las obras de abastecimiento que se ejecutan en el Condado, con una inversión de 16,19 millones, que protege el abastecimiento de agua de los 13 municipios del entorno de Doñana, con unos 80.000 habitantes durante el verano.

Las actuaciones en la Costa de Huelva se completan con la Estación de Bombeo del Puerto Deportivo de Isla Cristina y un aliviadero de pluviales en la misma localidad (3,47 millones), un depósito regulador de agua en Ayamonte (3,03 millones), la remodelación del colector este de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Mazagón y el general de la EDAR del mismo núcleo costero (1,49 millones) y unas obras de saneamiento en Pozo del Camino y en la barriada Román Pérez de Isla Cristina (1,3 millones).

El resto de trabajos se resume en la agrupación de vertidos y la EDAR de Zalamea la Real, que dará cobertura a una población estimada de 4.000 personas; las obras de abastecimiento de agua potable al polígono Nuevo Puerto en Palos de la Frontera, y las obras del colector y la EDAR de Puebla de Guzmán, que beneficiarán a un total de 5.000 habitantes. Todo ello, unido a las labores de mantenimiento y explotación de las infraestructuras de bombeo, transporte y distribución.

Pero no son suficientes para cubrir el mapa provincial del ciclo integral de agua. De hecho, hay municipios en los que el agua no llega con la calidad deseada a todos los rincones. Es el caso de Cortegana, cuyo alcalde, José Enrique Borrallo, reconocía a este periódico que la depuración completa de las aguas residuales no alcanza todos los rincones de su municipio. Por ello, la Junta prepara la licitación de otras 12 obras más con las que se alcance el techo marcado en la Directiva marco de Aguas de la UE de lograr la depuración en el cien por cien de los casos. Entre ellas, sobresalen la adecuación, puesta en marcha y ampliación de las EDAR de la Sierra Occidental y de la Sierra Minera (36,2 millones) y distintas obras de saneamiento y depuración en la Cuenca Minera de Río Tinto (23,4 millones), distribuidas entre las actuaciones de Nerva-Minas de Riotinto, Campofrío , la pedanía riotinteña de La Dehesa, Berrocal y Traslasierra, en El Campillo.