Las estadísticas de la Policía Local de Huelva apuntan a que cada vez son más las pruebas positivas de alcoholemia que acaban en la vía judicial. El último balance del cuerpo de seguridad, que recoge los datos del primer semestre de este año, contabiliza resultados positivos en 113 tests de este tipo dentro del término municipal de la capital onubense, ya fueran motivados por infracciones administrativas, implicación de los conductores en accidentes de tráfico o en las campañas de controles preventivos en las que el Ayuntamiento colabora con la Dirección General de Tráfico (DGT).

De los casos registrados hasta el 30 de junio, el 64,6% desembocó en diligencias judiciales, siendo 73 los expedientes que han tomado esta vía en el periodo computado, según informó a este periódico el inspector responsable del equipo de atestados, Juan José Fernández Flores. Los otros 40 casos (35,4%) se quedaron en una sanción administrativa.

La proporción de los casos que aterrizan en los tribunales acentúa la tendencia que ya se vislumbró en 2013. A lo largo del año pasado, los agentes realizaron controles de este tipo a un total de 297 conductores en la ciudad de Huelva que dieron positivo (el 93% fueron hombres y el 7% mujeres), de los que 187 (el 63,1%) terminaron en juicio. En 2012 fueron 131 los casos judicializados, de un total de 237 (55,2%), de los que el 91% fueron hombres y el 9% mujeres.

En la bifurcación entre la vía administrativa y la judicial, el rumbo lo marca que exista una "sintomatología" de embriaguez, como explica el inspector. No siempre que se supera la tasa legalmente permitida (0,25 mililigramos por litro en aire espirado) hay muestras visibles de que el conductor estaba manejando el vehículo bajo la influencia del alcohol. Si hay síntomas, es cuando el caso deriva en un procedimiento judicial.

Como apunta Fernández Flores, los casos que se quedan en la vía administrativa suponen la incoación por parte del Consistorio de un expediente sancionador, que conlleva multas que la Ley establece entre 500 y 1.000 euros, en función de la infracción y los agravantes que puedan incurrir.

La vía penal conlleva la celebración de un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Entre las consecuencias, se impone de manera alternativa una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses, o los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años. Además, según el artículo 385 bis del Código Penal, el vehículo se considera instrumento del delito, por lo podría dar lugar a su decomiso. En algunos casos, atendiendo a la menor entidad del riesgo causado, se puede rebajar la pena de prisión en un grado.

En los últimos dos años, una de cada cinco pruebas de alcoholemia que hacía la Policía Local de Huelva (en un 19%), estaba vinculada a un accidente de tráfico en la ciudad (con independencia de que el resultado fuera positivo). Sin embargo, la proporción de controles ejecutados al hilo de un siniestro supera el 44% en el primer semestre de este año.