Un tercio de los municipios de la provincia de Huelva, 25 concretamente, han iniciado ya los trámites para la regularización de las viviendas ilegales construidas en suelos no urbanizables. Estos son los primeros ayuntamientos, pero todos tendrán que pasar por el trámite si quieren acogerse al nuevo escenario que dejará la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), cuya redacción definitiva está en plena ejecución.

Pese al comienzo del proceso, aún son muchas las incógnitas por despejar y a las que aguardan los ayuntamientos de la provincia. Hasta que no conozcan el texto final, apuntan algunos, no sabrán a qué atenerse y cómo realizar previamente el censo necesario para culminar con la regularización.

La Junta de Andalucía cree que los inmuebles afectados en la comunidad tienen un número aproximado entre 20.000 y 25.000, si bien son cálculos sin una base real ni actual. Esa estimación, poco concreta, se torna en indefinición absoluta para cada provincia. No hay datos desagregados aún porque tampoco los ayuntamientos saben realmente a qué se están enfrentando.

No obstante, fuentes de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva aseguran que la provincia onubense es una de las que menor cantidad de viviendas irregulares cuenta en Andalucía. Y que los principales municipios afectados se encuentran en la costa.

Algunos de los equipos municipales consultados por este diario reconocen esta posibilidad, aunque creen que también la atención se debe centrar en la comarca de la Sierra, donde se presumen numerosas construcciones diseminadas por el término.

En el Ayuntamiento de Almonte, incluso, asumen la más que probable primera posición entre los municipios que deben hacer frente a la regularización de viviendas ilegales. El jefe de Urbanismo, Aurelio Cazenave, estima que tienen ante sí, en el horizonte, "casi 3.000 viviendas" pendientes de formalizarse con arreglo a la revisión de la ley andaluza.

"Es la mejor noticia que le podemos dar a muchos almonteños que tienen casas en esta situación. Muchos llevan sin dormir 4 años y es un problema que socialmente preocupa mucho aquí", explica el técnico municipal consultado.

El caso almonteño, apunta, es, quizá, el más especial en la provincia de Huelva y que ha obligado a realizar un esfuerzo mayor. Todo el término municipal, cuenta, tenía su suelo con la consideración de especialmente protegido, precisamente la figura que excluye la aplicación del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable.

"Hemos tenido que descatalogar como especialmente protegido todo el suelo y establecer la protección para los suelos de tipo A y B, y desproteger el C. A partir de ahí podremos aplicar el Decreto 2/2012 y podremos legalizar muchas de las construcciones", comenta, sin olvidar que también conllevará una rebaja hasta del 95% en las sanciones previstas ahora.

La desprotección de suelo en Almonte afecta aproximadamente a un tercio del término municipal, y se concentra, en su mayor parte, al norte del territorio, lindando a los municipios de Rociana del Condado y Bollullos par del Condado, "de lo que no era lógico que tuviera la misma protección que zonas que se encuentran integradas en el Parque Nacional". Por eso, asegura, Cazenave, los vecinos de la zona conocida como Los Ruedos, junto al núcleo urbano de Almonte, serán los principales beneficiados de la regularización. Para las construcciones en suelos con protección de tipo B sólo estarán permitidos los usos conforme a las características del suelo agrario (agrícola y ganadero).

La Junta de Andalucía recuerda que, como paso previo para la aplicación del Decreto, es necesario que los municipios definan qué viviendas irregulares se encuadran en los asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado a fuera de ordenación. Es lo que la Administración califica en el proceso como la aprobación de avance -cuando se entiende que hay en el municipio asentamientos o hábitats rurales diseminados- o la declaración de innecesariedad -el caso de inexistencia de asentamientos y las irregularidades se limitan a construcciones aisladas-. Los datos facilitados por la Delegación a este diario apuntan que 18 de los 25 municipios onubenses que ya han cubierto la primera fase han realizado precisamente la declaración de innecesariedad, por 7 que han optado por aprobar avances.

Isla Cristina es uno de los 18 municipios que han declarado la existencia de viviendas irregulares sólo en construcciones aisladas, según confirma la jefa de servicio de Urbanismo, Susana López, quien cree que será el caso de la mayoría en la provincia. Eso sí, confiesa que no tienen aún capacidad en el Ayuntamiento para determinar el censo exacto -y tampoco aventura una estimación, aunque cree que no será "importante"-, a falta de saber "cómo queda la ley" definitivamente. "La regularización deja algunas cosas pendientes. No queda muy claro cómo se debe iniciar y tampoco se recoge bien el caso de asegurar las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad", afirma Susana López, quien advierte de las dificultades que tendrá el proceso: "Ya es un procedimiento muy difícil para hacerlo con ayuda, más si no se hace como imposición a los afectados".

En Cumbres Mayores, la arquitecta-técnico municipal, Mónica Lozano, reconoce igualmente que sus trámites se han dirigido al reconocimiento de viviendas aisladas, aunque sin poder determinar aún su número. "Se nos escapan muchas porque tenemos un término municipal muy grande que obligará a realizar un trabajo de campo muy complicado", explica, pese a lo que habla de una base de casetas de aperos vinculadas a las explotaciones ganaderas. La luz, coincide con Susana López, llegará con la redacción definitiva de la ley.