El Torrejón se revela como tierra yerma, en un punto de giro que redimensiona el panorama de la política onubense mucho más allá de lo que muestran las apariencias y los discursos oficialistas. La Fiscalía de Huelva ha resuelto suspender la investigación de la gestión que hizo la Junta de Andalucía de las obras paralizadas en esta barriada, al no encontrar causas que justifiquen la acción de la justicia. Según confirmaron ayer a Huelva Información desde el Ministerio Público, después de analizar la documentación recabada desde este verano no se han detectado hechos constitutivos de delito. No obstante, el sobreseimiento del proceso que estaba llevando el propio fiscal jefe, Jesús Jiménez Soria, no es óbice para que, a partir de ahora, pueda prosperar otra denuncia -a instancias de cualquier particular o formación política que lo considere oportuno- en comisaría o en el juzgado, aunque no cuente a priori con el respaldo de la acusación pública.

El expediente archivado documenta la gestión de las obras de rehabilitación de las viviendas de la barriada Alcalde Diego Sayago, popularmente conocida como El Torrejón, que bajo el mandato del PSOE se emprendieron en la pasada legislatura, concretamente, en 2006, y llevan paralizadas cinco años. Al llegar IU a la Consejería de Fomento y Vivienda se abrió una investigación interna por la vía administrativa tras detectarse supuestas irregularidades en las certificaciones de obra, como actuaciones "facturadas y no realizadas", según fuentes internas consultadas en su día por este periódico. La dimensión política del asunto se agravaba porque la sospecha salpicaba al ahora candidato socialista a la Alcaldía de la capital, Gabriel Cruz, que entre 2006 y 2011 ocupó los cargos de delegado provincial de Obras Públicas y posteriormente de Vivienda.

Las diligencias abiertas por los izquierdistas desde el bipartito acabaron elevándose al Ministerio Fiscal el pasado mes de abril. En agosto, la Fiscalía requirió a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo documentación técnica complementaria (sobre las empresas adjudicatarias de las obras y el estado de ejecución de las mismas) para proseguir con las diligencias informativas, dictaminando ahora de forma definitiva que en los informes supervisados "no hay hechos que tengan suficiente entidad para considerarse delitos".

En 2006, el Gobierno andaluz dio el pistoletazo de salida a la anunciada "revolución urbanística" del Torrejón, presupuestando en 60 millones de euros la rehabilitación de 1.496 viviendas de esta periférica barriada construida a principios de los setenta y calificada por la Junta como Zona con Necesidades de Transformación Social (ZNTS). Según la información compilada por la actual Consejería, en la anterior legislatura se contrataron obras para reformar las zonas comunes de edificios y el interior de las primeras 448 viviendas, "de las que 104 están ya concluidas, con un presupuesto de 18,8 millones de euros". Las intervenciones que se desarrollaron consistieron fundamentalmente en la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de ascensores, para lo cual fue necesario comunicar la estructura de escaleras con el núcleo de ascensores, teniendo que utilizar para ello el lavadero de cada inmueble, superficie que se recuperó con trasteros en las azoteas.

Según reveló en una rueda de prensa el pasado mes de febrero la secretaria general de Vivienda de la Junta, la izquierdista Amanda Meyer, cuando desde la Consejería de su compañera de filas Elena Cortés "se buscó el dinero para licitar las obras y retomar la rehabilitación de la barriada, no pudimos hacerlo al ver que existía una relación contractual con una empresa" y que los técnicos habían "visto cosas que puede que no sean del todo correctas". Según Meyer, estas obras han sido "un ejemplo de lo que no hay que hacer en una contratación pública".

La noticia levantó una gran polvareda política en Huelva cuando se vio que la onda expansiva llegaba a Cruz, por aquel entonces todavía candidato in péctore (no ha sido hasta hace tres semanas oficialmente designado alcaldable). Aquellas eran las primeras sombras que se cernían sobre la imagen del portavoz socialista, hasta entonces sin aristas. Estaba contra las cuerdas, en una prueba de fuego que aguardaban expectantes sus adversarios. Los de fuera y los de dentro de su propio partido. Y todavía es prematuro hablar en pretérito, ya que de aquí a los comicios de mayo caben otras maniobras judiciales, si a algún frente 'insatisface' la resolución de la Fiscalía. Y son muchos los frentes abiertos.

Cuando Meyer abrió en febrero la caja de los truenos, Cruz quiso parapetarse en una imagen de normalidad y tardó una semana en levantar su arquitectura defensiva y comparecer en los medios de comunicación sobre la fiscalización que se estaba haciendo de su gestión en Obras Públicas. "Ni yo ni ningún responsable político nos hemos llevado ni un céntimo del Torrejón", aseguró, advirtiendo de que quien le acusara de lo contrario tendría que demostrarlo. "Mi conducta, el tiempo que he estado allí y en otros lados, es intachable -insistió-. Me siento orgulloso por mi trabajo por mejorar la vida de las 1.456 familias del Torrejón". El socialista recriminó a IU haber "entrado en campaña antes de tiempo" al haber lanzado el dardo de la investigación, por lo que pidió a la coalición de izquierdas que se centrase en "desarrollar sus competencias" y reanudar las obras por el bien de los vecinos.

Aferrándose a las liturgias internas de los partidos, el aparato del PSOE evitó dar su apoyo oficial a Cruz como alcaldable hasta que el asunto no clamó al cielo. Fue en primavera cuando el partido encargó una encuesta interna en la que se barajaron incluso dos alternativas para la candidatura de la capital, aparte de la de Cruz: José Fiscal y José Fernández. Fuentes del partido certifican a este diario que el sondeo arrojó preferencia por el portavoz en el Consistorio. Pero las estrategias se estaban bifurcando claramente, con el asunto del Torrejón latente y otros personalismos empujando en otras direcciones, aunque de cara a los medios de comunicación se quisiera reflejar que en el chalé del Conquero todo era una familia unitaria. Luego llegó el desplante del máximo dirigente del PSOE provincial y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, que en un mitin de las elecciones europeas, junto a Zapatero y Susana Díaz, y frente a un nutrido auditorio que aclamaba a Cruz como alcalde, espetó: "Es nuestro secretario general de Huelva [de la agrupación local de la capital], aún no es candidato".

El PP, por su parte, aprovechó la ocasión para exigir a Cruz explicaciones por la "nefasta" gestión de estas obras, pidiendo en junio en el Parlamento el expediente de las obras para analizarlo de primera mano y reclamar, en su caso, depuración de responsabilidades. Los periquistas han encontrado en El Torrejón un filón contra el adversario socialista, al que responsabilizan directamente de la parálisis de unas obras que suponen "un drama para 5.000 vecinos". El regidor; Pedro Rodríguez, ha acuñado este caso como paradigma de lo que ofrece Cruz a los electores. Las circunstancias se lo han puesto en bandeja de plata, con independencia de que hasta la fecha no se hayan encontrado indicios de ilegalidades: "Ésa es su gestión, un auténtico desastre que tiene a esas familias viviendo en condiciones indignas, -recalcó el alcalde en el reciente Debate sobre el Estado de la Ciudad- mientras intenta darnos lecciones a nosotros, que desde que llegamos a este Ayuntamiento, hemos conseguido que la ciudad Huelva cambie más en 20 años que un siglo".

Con la batalla del Torrejón se despidió la semana pasada el alcalde, Pedro Rodríguez, de su cargo como diputado andaluz. El regidor elevó a la Cámara una pregunta que arrancó el anuncio a la consejera: antes de final de año la Junta sacará a concurso las obras para culminar la rehabilitación de las viviendas de las plazas Pensamiento y Orquídea. Las máquinas llegarán a la zona en el semestre prelectoral. La dirigente de IU subrayó que esta licitación ha sido posible por "el trabajo riguroso y transparente del Gobierno andaluz en la presente legislatura".

Es el cierre, pues, de un capítulo, pero no necesariamente un punto y final, por más que el camino electoral de Cruz acabe de liberarse de su peor escollo. En la entrevista publicada por este diario el pasado 12 de octubre, el socialista afirmó que no tenía "absolutamente nada que temer del proceso de investigación [...] No estoy preocupado -aseguró-. Si tuviese algún tipo de duda o preocupación no me hubiese presentado a las primarias". El curso de los acontecimientos depende ahora de que alguien vea rentable o no quemar más cartuchos. Menos de siete meses quedan para que empiece el juego de tronos.