Nació bajó el último mandato del alcalde Juan Ceada (PSOE) y 22 años después se consuma el cerrojazo de la oficina de la calle Palos, que ha tenido un naufragio paralelo al del sector inmobiliario, pasando de funcionar como una entidad mercantil en el boom de la construcción a convertirse en un servicio de alquileres sociales. El Pleno consumó ayer la disolución definitiva de la Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva (Emvihusa). Una liquidación que posteriormente se abordó en la Junta General de Accionistas de la entidad para dar vía libre a una liquidación que coleaba en los planes del PP desde hacía año y medio. La mayoría absoluta de los populares en la Corporación hizo que prosperase un expediente contra el que habían presentado alegaciones la propia plantilla y el grupo municipal socialista. Ayer PSOE, IU y la concejal no adscrita Yolanda Cabezas coincidieron en su rechazo a los doce despidos que implica este cierre y a las consecuencias que tendrá para la ciudadanía la incertidumbre que pesa sobre el servicio que hasta ahora prestaba Emvihusa. El equipo de gobierno niega que las competencias vayan a recaer en manos privadas. De momento, en la sesión de ayer se dio luz verde a la constitución del departamento de Vivienda para absorber estas funciones en el seno del Ayuntamiento. Los socialistas pusieron el acento en que, "si para cerrar la Empresa Municipal de la Vivienda, el PP se ampara en que es inviable, la entidad ha llegado a este punto por la nefasta gestión de Pedro Rodríguez. Aquí no vale hablar de herencias", precisó el portavoz municipal del PSOE, Gabriel Cruz, recordando que la empresa "se fundó en diciembre de 1991 y Rodríguez llegó en 1995, por lo que, si está donde está, es su absoluta responsabilidad".

En la réplica, el teniente de alcalde responsable de Emvihusa, Juan Carlos Adame, recalcó que la disolución de Emvihusa "no es un capricho de este equipo de gobierno ni del alcalde, pues la normativa estatal dice que este tipo de empresas tiene que disolverse y pasar sus competencias a los ayuntamientos". El edil del PP argumentó que "aunque hasta 2007 e incluso 2008 esta empresa no tenía una situación económica comprometida, con la crisis ha llegado a una situación inviable". Según el concejal, "la voluntad de este equipo de gobierno durante estos últimos años de crisis ha sido no desalojar a ninguna de las familias por impagos de sus rentas de alquiler. La empresa no podía sobrevivir permitiendo estos impagos. En la balanza, -prosiguió- hemos preferido sacrificar la empresa en lugar de desalojar a los inquilinos, además de haber bajado las cuotas en un 50% a muchos de ellos". A su juicio, "cerrar Emvihusa nos permite que más de cien familias puedan seguir viviendo en sus casas gracias al esfuerzo del Ayuntamiento".

Respecto a los despidos, Adame esgrimió que "se ha llegado a un acuerdo muy satisfactorio, haciendo un esfuerzo muy importante para pagar a estos 12 trabajadores un montante global de más de 900.000 euros. Consideramos que estos empleados han desarrollado una labor muy importante y debían irse en condiciones muy dignas, aunque obviamente ahora estén enfadados porque han perdido su puesto de trabajo". La cifra aludida por el concejal, según detalló, cubre principalmente las indemnizaciones por despido, pero también los atrasos pendientes.

Adame acusó la "incoherencia" del PSOE, que "en el Pleno de Huelva critican el despido de 12 trabajadores, pero el señor Cruz no dice nada de los 70 que su partido ha echado a la calle en el Ayuntamiento de Ayamonte, por citar un ejemplo".

Al cierre de la sesión IU requirió la respuesta que el grupo de Pedro Jiménez llevaba esperando desde el Pleno anterior: "¿Qué gestiones relacionadas con Emvihusa justifican los viajes a Madrid y las estancias en dicha ciudad entre julio de 2011 y enero de 2013, cuyo importe asciende a 6.193 euros y han sido abonados por esta empresa?" Según indicó el teniente de alcalde y portavoz del PP, Francisco Moro, "tareas propias de la empresa", realizadas por "el gerente y el presidente".