Cerradura cambiada en la sede de la calle Palos y despidos firmados en el juzgado. Después de un año y medio de incertidumbre, ayer fue un día clave en el desmantelamiento de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvihusa). Si el jueves suscribieron su finiquito los primeros tres trabajadores, con la previsión de que el resto lo hiciera entre hoy y la semana que viene, finalmente se ha consumado el despido e indemnización de toda la plantilla, a expensas de una persona que tiene el contrato en suspensión por enfermedad. Así lo pusieron de manifiesto fuentes de los trabajadores, trasladando a este periódico el malestar por "las formas" y "el trato recibido" por los responsables municipales. "Algunos de nosotros ni siquiera hemos podido llevarnos nuestras cosas de la empresa, al ver la prisa que se han dado en cambiar la cerradura", lamentaron.

Los doce empleados de esta entidad satélite habían reclamado su integración en el Ayuntamiento, que en breve asumirá el patrimonio, la gestión y las cargas financieras de Emvihusa. Y es que el equipo de gobierno del PP llevó ayer por urgencia a la Junta de Portavoces el nuevo trámite que recalará en el Pleno del próximo miércoles: después de que la mayoría absoluta del PP dé luz verde al procedimiento, la Junta General de Accionistas de Emvihusa aprobará la liquidación de la entidad. Posteriormente se nombrará un liquidador que pondrá en claro las cuentas y presentará el balance de liquidación al Pleno.

Los mandatarios del PP calculan que con la desaparición de esta empresa, creada por los socialistas en 1992, la Administración local podrá ahorrar en torno a 1,2 millones anuales, además de "acatar la Ley, que nos impide el mantenimiento de esta empresa autónoma", incidieron ayer desde el equipo de gobierno, desmintiendo los rumores de que una entidad privada vaya a asumir la gestión integral de estos servicios. "El alquiler de viviendas será gestionado por el Ayuntamiento. Es la administración de fincas lo que hace un concesionario privado desde hace muchos años, y ahora vamos a cambiar de empresa para esa gestión, no para la de los alquileres", aclararon.

Ante la consumación de los despidos, el portavoz municipal del PSOE, Gabriel Cruz, denunció ayer en un comunicado "la difícil situación a la que el alcalde aboca a estas 12 familias, que se suman a las de los 9 trabajadores del Servicio de Recaudación. Ésta -apostilló- está resultando ser la legislatura de la destrucción de empleo de la mano de Pedro Rodríguez".

Los socialistas incidieron en que estos despidos "dejan desatendido un servicio fundamental, como es el de la vivienda. El alcalde tendrá que explicar quién va a seguir atendiendo las solicitudes de los demandantes de vivienda que, diariamente, acuden a la empresa. Tampoco sabemos -añadió- quién solucionará los problemas de las familias onubenses que habitan en el medio millar de viviendas municipales". Para Cruz, "es una irresponsabilidad clamorosa la del señor Rodríguez en este asunto, demostrando muy poco respeto por la política de vivienda. Sólo hay que echar un vistazo al estado de las casas de propiedad del Ayuntamiento, a los impagos de las hipotecas de las viviendas del Rappa, o a los vecinos de Pintora Lola Martín, que sufrieron un corte de luz porque el alcalde no pagaba los recibos".

El grupo municipal de IU también hizo patente su rechazo a estos despidos, tras mantener nuevamente ayer contactos con los trabajadores. El viceportavoz izquierdista Juan Manuel Arazola denunció que "la primera utilidad que el alcalde ha dado al préstamo de más de 65 millones concedido por Cajalmendralejo ha sido financiar las indemnizaciones para estos despidos". Como recordó el concejal, "se da la circunstancia de que Pedro Rodríguez, nada más cerrar el préstamo con Cajalmendralejo, autorizó la refinanciación otro de más de 2 millones de euros para hacer frente a las obligaciones adquiridas por la Empresa Municipal de la Vivienda". Arazola destacó que "IU se ha opuesto en reiteradas ocasiones tanto al despido de los trabajadores como a la desaparición de Emvihusa", criticando "el caso omiso" que el PP municipal ha hecho a las preguntas reglamentarias que desde IU se realizaron en julio en referencia a la situación de la empresa.