Un total de 215 trabajadores respaldaron ayer en asamblea el preacuerdo alcanzado el domingo entre Ence y el comité de empresa, tras anunciar la compañía el 4 de septiembre el cierre de la Celulosa y un expediente de regulación de empleo (ERE) para 294 trabajadores. Según precisaron desde el comité de empresa, 24 empleados votaron en contra del acuerdo inicial, mientras que dos se abstuvieron.

Poco antes de las seis de la tarde rubricó la plantilla el resultado de la ardua negociación entre las partes que, según valoraron los representantes de los trabajadores, no es ni de lejos el acuerdo pretendido por la parte sindical. De ahí que se apurara al máximo el tiempo: hasta las siete de la mañana del domingo. "Dicen que a falta de pan, buenas son tortas. Lo que pasa es que la tortas duran muy poco tiempo", manifestó al salir de la asamblea el secretario del comité, Javier Pérez.

Según explicó, la papelera se ha comprometido a mantener 60 puestos de trabajo en la factoría actual, así como a tramitar ante la Administración un proyecto de energía con biomasa que serviría para crear otros 193 puestos de trabajo (41 directos, 116 forestales y 36 de logística) en los que recolocar a sus empleados de Celulosa, mientras otros permanecerán trabajando en las instalaciones actuales de generación por biomasa y un tercer cupo sería recolocado en otras factorías del grupo (Pontevedra y Asturias).

Pero el compromiso tiene letra pequeña. Porque este plan queda, ni más ni menos, a expensas de que las administraciones aprueben el nuevo proyecto industrial, por lo que Pérez señaló que el trabajo del comité no ha acabado aún: "Hay que esperar, porque ese proyecto tiene que ser realidad y en este sentido vamos a seguir mediando los representantes de los empleados".

Pero, ¿en qué consiste el nuevo proyecto negociado con la compañía? Pérez precisó que hasta ahora Ence contaba con una caldera de biomasa y dos calderas de recuperación. La caldera de biomasa iba a ser aprovechada -y así será- en la isla energética anunciada por la compañía (aporta 22 MW), mientras que las otras desaparecerían. Ence tenía previsto crear una nueva caldera de biomasa y una turbina de 50MW, pretensión que iba a suponer un coste de "60 millones de euros" y de la que tuvo conocimiento el comité al "mantener reuniones al más alto nivel".

"Sacamos este asunto en la mesa de negociación. Han sido muy listos y, después de decir que nuestro plan de viabilidad carecía de rigor, han tomado nuestra propuesta de convertir para biomasa la caldera de recuperación CR-III, de forma que sólo hay que gastar 15 millones para llegar a los 50 MW en lugar de los 60. Ese proyecto era nuestro y, al ser más económico, lo ha tomado la compañía para convertir la isla energética en una entidad más potente", aseguró.

Pero esta reconversión requiere "una serie de autorizaciones por parte de las administraciones", de forma que desde el comité advirtieron que a día de hoy se desconoce si este proyecto finalmente saldrá o no adelante.

Entre los acuerdos negociados y que ayer fueron rubricados por los trabajadores figura también la posibilidad de acogerse a un despido con una indemnización bruta de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior al 12 de febrero de 2012 y de 33 días por el tiempo posterior. Asimismo, la empresa creará una bolsa para el supuesto en que la empresa deba realizar contrataciones futuras, así como la incorporación de los trabajadores a un programa de recolocación externa por período superior al legal.

Tras ratificarse ayer en asamblea el acuerdo, el acta se le dará a la empresa, que adjuntará el acuerdo a la documentación que entregará al Gobierno central. Según indicaron desde el comité, la empresa procederá después a llamar a algunos empleados para limpiar y acondicionar la planta de celulosa, la cual está parada desde la convocatoria de huelga, para su desmontaje de forma adecuada.

La cascada de reacciones ante el acuerdo sellado ayer no se hizo esperar, la mayor parte en la misma dirección. El respeto a la decisión de la plantilla y el sabor agridulce era inevitable, como también lo fue, habida cuenta de las reacciones previas, el enfrentamiento entre el PP y el PSOE y la ausencia de cualquier tipo de autocrítica.

El alcalde de la capital, Pedro Rodríguez, en declaraciones a este periódico, aseguró que, "aunque no se haya logrado la mejor solución, esta sí supera la propuesta al principio, ya que se mejora las condiciones de los despedidos y, sobre todo, se va a crear más empleo en Huelva con la restauración de la planta para biomasa". "Como alcalde siempre he estado al lado de los trabajadores, ayudándoles en su lucha y en sus contactos con Fátima Báñez, y en esta decisión que han tomado también lo estoy", señaló el regidor.

El delegado de la Junta, José Fiscal, mostró su respeto por el acuerdo alcanzado, aunque reiteró que el cierre de la Celulosa "no es una buena noticia" para la economía provincial. "Menos es nada", afirmó tras destacar el hecho de que "al menos" se mantengan abiertas las instalaciones de biomasa y de que haya una intención a futuro de incrementar el volumen de biomasa tratada en ella.

El coordinador provincial de IU en Huelva, Pedro Jiménez no ocultó que desde su formación confiaban en "una solución al conflicto diferente". Esta pasaba por un acuerdo que garantizara "todo el empleo". Más optimista se mostró el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien destacó, en la misma línea que Pedro Rodríguez, que "la empresa mejora las condiciones de recolocación, amplía el número de empleos que se mantienen y el proyecto alternativo a la celulosa, lo que conlleva más puestos de trabajo que se quedan en Huelva".

"No es la mejor solución pero, sin duda, es una noticia que mejora las previsiones iniciales", indicó, subrayando que "desde el PP siempre dijimos que íbamos a estar del lado de los trabajadores en este asunto y lo hemos hecho; todo el PP, los alcaldes de Huelva y San Juan del Puerto, la dirección provincial y la ministra de Empleo han estado trabajando desde el primer minuto".

Sin embargo, el presidente del PP aseguró que "el PSOE y la Junta han estado más preocupados por alienarse con los intereses de la empresa para poder atacar a la ministra y buscar votos, que de arrimar el hombro". "Mientras la ministra se ha preocupado de seguir al minuto la negociación y de reunirse con los trabajadores y hacer lo que está en su mano para defender los intereses de la plantilla, a algunos destacados dirigentes del PSOE de la Junta ni se les ha visto", señaló. Se refirió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "quien ni ha escuchado a los trabajadores, ni se ha visto con ellos, ni ha movido un dedo para mejorar su situación".

La secretaria de Política Institucional del PSOE y diputada nacional, María José Rodríguez, criticó "el cinismo insoportable" del PP en este conflicto, achacando la reforma laboral y energética del Gobierno el cierre de la Celulosa. La dirigente afirmó que las políticas del Ejecutivo central han abocado al grupo pastero "a un cierre cómodo", y por tanto, reprochó a los populares su "cinismo" al cuestionar la posición del PSOE y de la Junta en este conflicto. Del mismo modo, recordó que la reforma laboral "debilita la negociación colectiva", al tiempo que señaló que es el Ministerio de Empleo el que debe aprobar el ERE.