La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado en la causa a cinco personas que fueron incluidas como intrusas en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva, tras las "instrucciones" dadas a tal efecto por el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, y a un sexto intruso en el ERE de Springer Arteferro S.C.A., con lo que ya hay 207 personas imputadas en la causa.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya argumenta que, del estudio de las actuaciones relativas al expediente de la Faja Pirítica, "se desprende la existencia de nuevos imputados, pues consta acreditado que a instancias del dueño de Uniter, José González Mata, "y siguiendo presuntas instrucciones de Guerrero", se incluyeron como intrusos "a cinco trabajadores de la empresa Almacenes Delgado, quienes nunca habían trabajado en la mina".

De este modo, la magistrada relata que, en la póliza vinculada a la Faja Pirítica, "constan como beneficiarios" M.R.R., quien firmó el boletín de adhesión el 15 de junio de 2006, llegando a cobrar un total de 201.551,42 euros; Lorenzo Mogedas, que fue concejal socialista en El Cerro de Andévalo y firmó el boletín de adhesión ese mismo día, llegando a cobrar un total de 102.551,42 euros"; y J.B.B., que habría cobrado 94.361,11 euros. Asimismo, la juez imputa a M.D.R., "que firmó el boletín de adhesión el 15 de junio de 2006, llegando a cobrar un total de 102.951,86 euros", y a T.D.R., que, tras firmar el boletín de adhesión, "llegó a cobrar un total de 136.084,34 euros". Estas cinco personas no trabajaron nunca en la mina de Tharsis, ERE al que fueron adscritas, sino en una empresa que suministraba a la mina. Sus nombres parten de la declaración del dueño de Uniter ante la juez Alaya, en la que también aseguró que el viceconsejero de Innovación, Luis Nieto, había autorizado los ERE relacionados con Astilleros de Huelva y Santana.

En relación a la entidad Springer Arteferro, la instructora pone de manifiesto que "se desprende igualmente la existencia de un nuevo imputado en las presentes actuaciones, pues consta indiciariamente acreditado que en la póliza de seguros derivada del ERE suscrita por la Federación Minero-Metalúrgica de CCOO de Andalucía, resulta que se incluyó como intruso a L.G.F., persona que no era socio trabajador de la cooperativa y quien no figuraba en la relación de personas afectadas por el ERE".

"De la anterior exposición se deriva que existen por tanto personas implicadas en este expediente que serían partícipes de los hechos aquí investigados", asevera Mercedes Alaya, que por ello imputa a estos seis intrusos en los expedientes de la Faja Pirítica de Huelva y de Springer Arteferro. La juez ha tomado esta decisión en base a los atestados elaborados al respecto por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del informe pericial realizado por la Intervención General del Estado, según expone en este auto dictado el pasado 30 de julio pero notificado este lunes a las partes.

El debate sobre la existencia de intrusos en los expedientes aplicados para las prejubilaciones de casi 800 mineros de la Faja Pirítica viene de lejos. A finales de 2011 la juez Alaya solicitaba información sobre las pólizas por las que se habían prejubilado 796 trabajadores de distintas explotaciones mineras. En principio, la investigación se centraba en la aplicación de los coeficientes reductores a las edades mínimas de prejubilación de los mineros, con los que se pretendía compensar las penalidades que suponía el trabajo en el interior de la mina; sin embargo, del estudio de las vidas laborales, la juez deducía que "algunos de los trabajadores a los que han sido aplicados dichos coeficientes desarrollaban únicamente tareas administrativas en la mina".

Posteriormente, durante la comisión parlamentaria sobre el caso ERE fueron los ex ministros Eduardo Zaplana y Javier Arenas quienes levantaron la sospecha. Las listas de mineros fueron confeccionadas por los sindicatos y aprobadas por el Gobierno central pero, advirtió Zaplana, éste no fue responsable de la póliza 1.096, suscrita por Vitalia y en la que se incluyó el ERE de la Faja. Los ministros populares sugirieron que en esa póliza había mineros de empresas inexistentes o albañiles de una empresa de construcción. Hasta 60 intrusos aseguraban los populares que había en el listado. La declaración del dueño de Uniter daría una nueva pista sobre el expediente de la Faja, que culmina (por ahora) con cinco nuevos imputados.