Un decreto proveniente del área de Desarrollo Urbano, Fomento y Obra Pública del Ayuntamiento onubense exige al Obispado de Huelva, como propietario de la parroquia de San Pedro, la reparación y consolidación del muro lateral de la iglesia que da a la calle Daóiz en el plazo de un mes.

Todo ello debido a los desprendimientos de algunos ladrillos provenientes del muro perimetral del templo el pasado mes de mayo, que obligaron al Ayuntamiento a acordonar la zona como medida de seguridad. Según un informe que emite el técnico municipal de guardia con fecha del 28 de mayo, a raíz de la inspección se observaron "ladrillos sueltos con riesgo de desprendimiento en la totalidad del muro, fundamentalmente en las coronaciones, procediéndose al vallado y señalización del tramo susceptible de desprendimiento". Actualmente la zona muestra aparente normalidad, habiéndose retirado el vallado que rodeaba la zona de peligro.

El escrito llegó al Obispado el pasado 21 de julio ante el asombro del párroco de la iglesia, José Arturo Domínguez, quien presentará un recurso en los próximos días al decreto por considerar que no es competencia de la parroquia la reparación del muro sino del Ayuntamiento por motivos que se remontan a finales del siglo XIX, cuando el gobierno municipal de entonces decidió desmantelar parte del cabezo de San Pedro que llegaba entonces hasta la calle Puerto para comunicar la plaza con la zona del barrio de La Merced. Este hecho hizo que la iglesia corriera un grave peligro de desplome, debilitando sus cimientos y construyéndose el muro actual, que evita que la parroquia más antigua de la ciudad se desplome. El recurso que presentará en estos días el cura de San Pedro contiene un informe realizado por el arquitecto del Obispado, Carlos Hermoso, en el que se asegura que actualmente no hay peligro alguno de derrumbe. Al mismo tiempo, José Arturo se lamenta del estrecho margen de maniobra que el Ayuntamiento les ha dado para tomar medidas al respecto ya que, al tratarse de un monumento de interés cultural, las obras deben ser autorizadas por la Junta de Andalucía y "esto no tiene solución en un mes". El párroco afirma que "antes de emprender cualquier actuación habrá que dilucidar a quién compete el mantenimiento del muro" y apela al Consistorio a dialogar sobre el tema, porque "espera no llegar a pleitos y alcanzar un acuerdo amistosamente porque estamos abiertos a una conversación que dilucide qué responsabilidad tiene cada parte".

El Ayuntamiento, por su parte, afirma que sólo cumple la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la cual dispone que "los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones tienen el deber de mantenerlos en debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público" y, ante el desprendimiento de algunos ladrillos del muro y "sus evidentes signos de antigüedad", el área de Desarrollo Urbano consideró oportuno hacer cumplir esta ley notificándolo al Obispado como propietario del templo.

Estas acciones se han llevado a cabo para "velar por la seguridad de los ciudadanos ya que consideramos que la zona del muro es peligrosa ante el desprendimiento de más ladrillos". Debido a la inseguridad de la zona, el área de urbanismo se ve en la obligación de hacer cumplir la ley ya que si "ocurriera algún accidente sí que sería competencia del ayuntamiento y eso queremos evitarlo".

Al mismo tiempo, desde el Consistorio, aseguran que "si es competencia de alguna institución lo es de la Consejería de Cultura de la Junta" por ser el monumento bien de interés cultural y en este terreno "el Ayuntamiento no tiene competencias". También aseguran que ahora el plazo de actuación de las obras será más dilatado por el recurso que presentará el párroco.