-¿Qué valoración hace del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita? ¿Es irreversible?

-Es peor que la actual y por eso queremos que se retire. Tengo que reconocer que la comisión mixta ha trabajado intensamente y bien, y ha logrado mejorar sustancialmente el texto del proyecto pero quedan seis o siete cuestiones que pertenecen a esas rayas rojas que no podemos traspasar de ninguna manera y por eso hemos hecho un llamamiento al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para sentarnos otra vez a negociar y terminar de perfilar una ley posible porque la que ahora está en tramitación es imposible.

-¿Se sienten los abogados estafados por Alberto Ruiz Gallardón?

-Nos sentimos engañados por Gallardón porque, entre otras cosas, las promesas que nos hizo en la misma sede del Consejo General de la Abogacía Española no las está cumpliendo. No olvidemos que ya nos prometió que no habría tasas antes de instaurarlas.

-¿Le duele más por su condición de redactor de la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita?

-No. Lo que son hirientes son las posiciones que se están manteniendo en este momento. Es verdad que la ley vigente es bastante mejor que la que se pretende implantar. No tendría inconveniente que se mejorase la actual ley, y mucho, porque que las leyes se adecuen a la realidad es normal, pero no es el caso. Hemos desarrollado en España una justicia gratuita ejemplar en las cuatro jurisdicciones (civil, penal, contencioso administrativo y social) y ahora se quiere dar un paso atrás. Al final, por primera vez en la historia de la abogacía nos han sacado a la calle. Estamos en contra de unas leyes que nunca debieron de plantearse sin consultar a los sectores afectados.

-¿Se consideran los grandes damnificados de la nueva ley?

-No porque los que perdemos realmente no somos los abogados ni los colegios de abogados; los que pierden son los ciudadanos. Todo lo que afecta al derecho de defensa, a la asesoría jurídica, al servicio que prestan los abogados y los colegios, todo lo que afecte a eso afecta siempre al ciudadano en última instancia y por tanto defendemos los derechos e intereses de los ciudadanos y no otra cosa. Gallardón no tiene ni idea sobre las necesidades que demandan los ciudadanos porque desde la toma de posesión ha adoptado la absurda tarea de cambiar absolutamente el mundo judicial sin contar de forma directa o indirecta con aquellos que vamos a usar o padecer la justicia.

-¿Qué alternativa proponen?

-Creemos que es necesario un pacto de Estado por la justicia. No es probablemente la única solución pero en este momento sería la más eficaz. Sería necesario que todos los partidos del arco parlamentario, junto con los profesionales que nos dedicamos a la justicia, trabajemos en común por la regeneración de la justicia. Hay que recordar que la única vez que se hizo un pacto de Estado por la justicia fue en 1991 y, aunque duró poco, sí sirvió para avanzar.

-Se han quejado en alguna ocasión del silencio del presidente del Gobierno. ¿Cree necesaria su intercesión o implicación?

-Sería un buen detalle. Ni Soraya Sáenz de Santamaría ni él nos han querido recibir ni quieren adquirir su compromiso personal para solucionar el problema de la justicia gratuita y demás leyes que están en este momento amenazando la convivencia en España.

-¿Qué esperan conseguir tras la concentración del jueves o para qué cree que ha servido?

-Lo que queríamos es que hubiera una visualización de los problemas de la ciudadanía en materia de defensa, tanto en asesoramiento jurídico como en defensa en el proceso. Me gustaría que la manifestación haya sido vista por la ciudadanía como un servicio a ella y la forma de decirle al Gobierno que todo el gobierno de la abogacía estuvo presente para pedirle que actualice las leyes pero con sentido común. Repito: ya es hora de que se plantee la celebración de un verdadero pacto de Estado que acabe ya con esa dichosa cuestión de que la justicia no tiene arreglo. Claro que la tiene, pero lo que pasa es que no da ni quita votos, sigue sin dar ni quitar votos. Por eso hay que exponerse a la ciudadanía, para cuando llegue el momento de votar se acuerden de los políticos que han hecho algo por la mejora de la administración de justicia y de aquellos que no han hecho absolutamente nada.

-¿Considera que con el proyecto de Ley de Asistencia Gratuita en tramitación se desvirtúa el Estado de Derecho?

-Se afecta absolutamente al Estado de Derecho. La defensa por turno de oficio y la justicia gratuita son la esencia del Estado de Derecho porque si no concedemos asistencia y defensa jurídica a los intereses de los ciudadanos no podrán defender nunca sus propios intereses. No hay más derechos que aquellos que reconoce el Estado pero para tener esos derechos se ha de tener el derecho de defensa, que es el pórtico hacia el acceso a los demás derechos. Sin ese derecho de defensa no hay justicia y no hay Estado de Derecho de ninguna clase. Las reformas que propone el Gobierno para reducir los turnos de oficio sugieren que puedan estar pensando en la privatización del servicio, algo que sería muy grave y rechazamos.

-¿Qué impacto ha tenido en los juzgados la Ley de Tasas Judiciales tras año y medio desde su entrada en vigor?

-Han sido disuasorias, sí, hasta el punto de que en determinados territorios los asuntos contencioso administrativos se han reducido hasta en un 40%, lo que quiere decir que hay un 40% de ciudadanos que no han accedido a la justicia y, por tanto, que tenemos una administración que vulnera uno de los preceptos fundamentales: el derecho de acceso a la justicia de un 40% de ciudadanos.

-¿Ha generado desigualdades?

-Es que, yendo un poco más allá y analizando el perfil de esos ciudadanos, los que no acceden a la justicia no son los que pueden litigar con abogados de calidad y muchos medios; tampoco las empresas porque llevan a sus cuentas de resultados todo lo que gastan en justicia, y tampoco los adinerados porque pueden gastarse lo que quieren en justicia. ¿Quiénes nos quedan? Esa franja de ciudadanos de clase media, que son los que más impuestos pagan, los que menos subvenciones reciben, en definitiva, profesionales, y así es el asunto de desgraciado. Al final concluimos que esa disuasión que persigue el ministro se consigue gracias a la clase media española, a la que se priva de derechos fundamentales.

-¿Cuáles son los retos futuros del colectivo al que representa ?

-Hay una sobredimensión. De los 1,4 millones de abogados que hay en Europa, más de 250.000 están colegiados en España y por eso necesitamos una formación permanente. En cuanto al examen de acceso a la abogacía, no quiero que sea otro curso de derecho pero tampoco un examen sencillo para aprobar, sino ajustado a conocimientos teóricos y prácticos.