"La imposición de las tasas judiciales reduce el derecho ciudadano a la justicia". Así lo manifestaron ayer los juristas participantes en el encuentro organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), titulado Hacia una nueva abogacía, durante una rueda de prensa en la que reiteraron y coincidieron "en la gravedad del sistema de tasas porque eso va a privatizar la justicia, en contra de lo que debería ser: independiente y con medios".

El director del encuentro y presidente de la asociación de abogados del Turno de Oficio de Huelva (Ato Huelva), Manuel Felipe Garoña, indicó que "resulta muy triste que la abogacía se encuentre en una situación sin precedentes desde la transición", ya que "conforme a lo que reza la Constitución, somos defensores de la ciudadanía".

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Juan Muela, también ponente del curso, alertó sobre "la situación dramática que atraviesa la nación española" en el establecimiento de la Justicia. "A día de hoy la Justicia, como valor, está siendo demolido", afirmó Muela. En este sentido se refirió al amplio paquete de reformas judiciales entre las que se incluyen las tasas y la reforma de los colegios de abogados, o la desaparición de los jueces de instrucción como "la abolición del Estado de Derecho".

"Si todo esto se lleva a cabo, se abolirá el Estado de Derecho pasando a ser un estado fallido", declaró Muela, quien indicó que los ciudadanos no entienden esta amenaza y tenemos que hacerles ver que todo esto es muy grave. "Hay que darle voz a la población que apele a su soberanía popular y tome conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo", destacó.

En respuesta a las reformas propuestas en el texto enviado por la Agencia Tributaria en el que se debatirán unas 255 medidas, entre ellas, judiciales, el decano expresó a Europa Press "que la justicia si no es igual para todos, no es justicia", y que por tanto, "la justicia censitaria, que se vende a cambio de un precio, tampoco es justicia".

Muela defendió que "la reforma de tasas va a aplicarse supuestamente sobre aquellos que 'usen la justicia' de forma más intensiva. Pero esto no es cierto. No es el demandado el que paga la tasa, es el demandante. Ni las tasas ni las reducciones son compatibles para que exista una ley digna para la ciudadanía".

No obstante, Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil comentó al respecto que "no sólo es hablar de tasas porque eso es parte de un conjunto del que de forma sistemática se está controlando el acceso a la abogacía, se trata de privatizarla y vigilar desde el punto de vista de la independencia judicial".

En este sentido la abogada hizo hincapié en que se necesitan tres aspectos fundamentales: "justicia independiente, justicia con medios, y justicia accesible desde el punto de vista físico". El director del curso concluyó "que se está reduciendo el derecho de los ciudadanos a una defensa digna".