Se oponen radicalmente al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) que promueve el Ministerio de Economía y Competitividad, que abre a otros colectivos, como los ingenieros, la proyección y dirección de obras. Denuncian que este anteproyecto, aprobado el pasado 2 de agosto de 2013, es un fraude social, una estafa para los arquitectos y para la sociedad y "la mayor agresión" a la arquitectura española, junto con otras muchas profesiones".

Por ello, un centenar de profesionales de este sector, así como otros pertenecientes a los colegios de notarios y registradores, procuradores, graduados sociales, farmaceúticos, secretarios y administración de fincas, entre otros, se concentraron en la mañana de ayer ante la puerta del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, que en la provincia cuenta con 420 asociados, con un casco blanco y con una única consigna: "Defender la arquitectura". A la protesta, que se celebró de forma coordinada en Andalucía, asistieron también el coordinador provincial de IU, Pedro Jiménez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Gabriel Cruz.

Bajo una pancarta blanca que desde ayer cubre buena parte de la fachada de la céntrica sede con el lema "¿Arquitectura sin arquitectos? No a la LSCP. Por la arquitectura. Por la sociedad", la decana del colegio, Noemí Sanchís, explicó que la institución no se opone a una reforma legislativa que mejore la calidad y el servicio a los ciudadanos, si bien valoró que la futura ley sólo conseguirá dejar en desventaja a los arquitectos frente a los profesionales europeos, mientras "los nuestros no pueden ni siquiera ejercer en condiciones mínimas en el resto de países europeos", tal y como señaló peviamente durante la lectura de un manifiesto.

En este sentido, la responsable apuntó que la norma no liberalizará la economía, como pretende el Gobierno, sino que desmantelará la estructura de pymes y de autónomos en beneficio de los grandes lobys de presión económica internacional. "Mediante un uso perverso del lenguaje, el anteproyecto de ley juega con los límites entre actividad profesional y profesión, propiciando la confusión entre cualificación profesional y el valor profesional de una prestación y diluyendo el concepto de profesiones tituladas", afirmó.

Sanchís insistió en que es "inaceptable" modificar la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) a través de un grupo de trabajo del sector de la edificación "en lugar de darle la tramitación legislativa adecuada," sometiendo la arquitectura a un "trato discriminatorio" respecto al resto de profesiones.

La norma, a juicio del colectivo, pone en cuestión el futuro de los colegios como instituciones encargadas de defender los intereses de los profesionales y de la sociedad ante las empresas. Al respecto, la decana destacó que la función de estos órganos es esencial, pues además de representar al colectivo, protegen a los ciudadanos, aportando una cuota importante del Estado del Bienestar.

"No somos una traba entre la Administración y la sociedad, como se pretende dar a entender", señaló, al tiempo que destacó que los colegios de arquitectos se autorregulan constantemente sin exigencia de la Administración y ya tienen un modelo democrático, con régimen de transparencia y auditorías para garantizar la independencia profesional.

La decana aseguró que el Ministerio de Economía abandera el argumento de que la ley posibilitará la generación de 7.000 millones de euros del PIB en el sector -50.000 arquitectos y 30.000 estudiantes que sufren un 70% de paro- al objeto de incrementar la competitividad. "No sé qué más competitividad quieren, ya no nos llaman ni arquitectos, sino técnicos en edificación o responsables de diseño. Somos arquitectos, una profesión con más de 5.000 años de antigüedad", reclamó Sanchís.