El impacto de los recortes, el incremento de la recaudación de impuestos y los créditos para el pago a proveedores dejan en el balance económico del Ayuntamiento un superávit de 33,3 millones de euros en 2013. Así lo acredita el informe de Intervención relativo a la liquidación presupuestaria, que servirá de base a la aprobación de los presupuestos de 2014 en el Pleno de la próxima semana. El documento, al que ha tenido acceso Huelva Información, recoge la incidencia de las medidas de ahorro que se han tomado en el último trienio, sin invitar tampoco al triunfalismo, pues todavía queda por delante un largo camino en el saneamiento de las arcas municipales. De momento, el destino de esos 33,3 millones no es otro que compensar el lastre de números rojos de los años anteriores.

¿Cuál ha sido la matriz de ese superávit? En las operaciones no financieras, el Consistorio gastó el año pasado 15 millones menos de lo que llegó a ingresar; a lo que se sumaron 24 millones de diferencia entre lo que se pidió a los bancos y lo que se pagó entre intereses y amortización de capital. Esta balanza generó un montante de 39,2 millones que, tras los ajustes (una desviación de financiación de -5,8 millones) deparó un resultado positivo de 33,3 millones.

Para el equipo de gobierno municipal, estas macrocifras son los primeros frutos del "trabajo que venimos haciendo para hacer compatible la prestación de servicios en la ciudad con una situación delicada a nivel nacional en general y, en particular, para los ayuntamientos. Estamos cumpliendo objetivos y la liquidación de 2013 pone de manifiesto que estamos siendo coherentes, rigurosos y serios en nuestro planteamiento económico para el futuro".

En este ejercicio se han solicitado dos créditos para pagar facturas por valor de 33,1 millones, un volumen que prácticamente coincide con el del superávit final, pero implica una herencia de deuda financiera que obliga al Ayuntamiento a una estricta programación económica a 10 años vista para seguir recortando gastos y aumentando ingresos. Aparte de esos caudales que han facilitado al Consistorio el pago a proveedores, el PP municipal defiende el papel que tiene en estas nuevas magnitudes "el ahorro en la gestión". El equipo comandado por el alcalde Pedro Rodríguez esgrime que "la austeridad y el rigor en el gasto han sido fundamentales en estos años, hemos depurado muchas cosas a nivel contable y estamos mejorando la gestión recaudatoria internamente y en colaboración con la Diputación Provincial".

En el ejercicio fiscalizado por el interventor, los gastos ascendieron a 133,6 millones, siendo el capítulo en el que más se ahorró el de contratos en bienes y servicios, donde el montante general se redujo un 16% respecto a 2012. Por otra parte, en 2013 los ingresos sumaron 168,7 millones en derechos reconocidos netos. La recaudación de impuestos directos e indirectos supuso para el Ayuntamiento una inyección de 62,1 millones, un 20% más que en el ejercicio precedente. Sin embargo, los cobros por tasas, un total de 24,2 millones, cayeron un 7% en este periodo.

Se ahorró en todos los contratos, (uno que tuvo especial incidencia en este cómputo es el de limpieza y recogida de residuos) y se eliminaron complementos y ayudas sociales de la plantilla del Ayuntamiento. "Nuestra máxima -enfatizan desde el equipo de gobierno- ha sido mejorar la gestión recaudatoria. Cobrar mejor, no cobrar más. Así como mantener los servicios al ciudadano y no despedir a ningún trabajador del Ayuntamiento", aseguraron.

Tanto en gastos como en ingresos, estas cifras superaron los objetivos del plan de ajuste municipal. El interventor dictamina el cumplimiento de los parámetros comprometidos para la estabilidad presupuestaria, generando una capacidad de financiación de 3,4 millones [la cifra de 7 millones que se avanzó correspondían a un balance provisional que aún no había incorporado las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda, en vías de disolución]; cumpliendo igualmente los objetivos de la regla de gasto.

El dato del superávit se complementa con un notable descenso en el remanente de tesorería negativo del Ayuntamiento, que cae a niveles del año 2003: el agujero contable se sitúa actualmente en -40,7 millones. Este indicador de la salud financiera mejora un 46% respecto al año anterior y es un 71% menor que tres ejercicios atrás, cuando esta Administración tocó fondo con un remanente de -142 millones. A partir de entonces empezaron a visualizarse las primeras medidas de saneamiento, lo que además estuvo precedido por la inyección económica que supuso la operación de semiprivatización de Aguas de Huelva. Ya a partir de mediados de 2012, los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Ministerio de Hacienda se saldaron con tres planes de pago a proveedores (que han supuesto préstamos por un valor total de 116,1 millones, intereses aparte) y ahora en ciernes un procedimiento por el que el Consistorio tiene luz verde estatal para optar a créditos por un valor máximo de 93 millones, lo que llevará a refundir los planes de ajuste.

En cuanto a las cuestiones que se apostillan desde la Intervención General, el informe deja constancia de que la liquidación se ha presentado con retraso "fundamentalmente por problemas informáticos derivados de la aplicación de los ingresos". Se reitera la necesidad de dotar a este departamento "de parte del personal que antes estaba adscrito a los extintos organismos autónomos para compensar el incremento de trabajo que supone la supresión de estas entidades y las consecuencias de la entrada en vigor de la orden HAP/2101/2015". Se reclaman mecanismos "más ágiles" de contabilización de los ingresos, así como la depuración de los saldos de dudoso cobro, que ascienden a la friolera de 74,7 millones.

Por otra parte, colean 22,6 millones en la cuenta de "acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto", un montante que carece de consignación. Asimismo se advierte de que existen subvenciones y mandamientos de pago pendientes de justificar.

Este órgano de control interno señala también que en 2013 se contabilizaron 1,9 millones por recargos e intereses por pagar a la Seguridad Social fuera de plazo. "Por ello -apunta el interventor-, se insiste en las graves consecuencias económicas, no sólo jurídicas, que supone no atender en plazo los pagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública".