Escándalo en la sanidad pública onubense. El Juzgado de Instrucción 2 de Huelva ha admitido a trámite la querella presentada por los dueños de dos ortopedias de la provincia y ha imputado al propietario de Ortopedia Gordillo, F.G.C., y a dos de sus comerciales, M.J.G.M. y M.M.G., por poner supuestamente en marcha una trama sanitaria para monopolizar el sector en los centros hospitalarios.

En un auto de febrero de 2014 al que ha tenido acceso Huelva Información, el titular del Instrucción 2 considera que en la actuación de los demandados puede haber indicios de la comisión de hasta cuatro delitos: estafa, falsedad en documento público (manipulación de recetas), infidelidad en la custodia y violación de secretos e intrusismo profesional.

En la querella que obra en poder de este periódico, los dos empresarios demandantes hacen constar sus sospechas de que la mercantil Ortopedia Gordillo, "en connivencia con personal sanitario de los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez, pudieren estar realizando conductas de fraude, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos".

La dinámica criminal sería la siguiente: "El personal sanitario de las plantas de Traumatología de ambos hospitales permiten, de manera administrativamente irregular y profesionalmente inaceptable, la entrada fuera de sus propios turnos de guardia a personal de la Ortopedia Gordillo al objeto de comercializar sus productos en un lugar público y, por tanto, indebido, engañando a los pacientes, quienes se ven compelidos y limitados a comprar los dispositivos ortopédicos siempre en el establecimiento querellado".

Este diario logró contactar con uno de los empresarios demandantes, quien indicó que la situación "la venimos denunciando desde hace 20 años, cuando abrió el Juan Ramón". En todo este tiempo ha sentido "indefensión" ante la postura de la administración, que se ha quedado de "brazos cruzados". Asegura que ha acudido la Junta de Andalucía e incluso a la Inspección del SAS.

Además de perder cuota de negocio, "hemos tenido que aguantar que nos dijeran que tenemos intereses ocultos y nos pedían pruebas". Así que el pasado año, varios pequeños empresarios se unieron y contrataron a una agencia de detectives. Luego pusieron el resultado de la investigación en manos de los tribunales. La demanda se centra en Ortopedia Gordillo y los tres imputados, nunca en los hospitales.

La acusación ha constatado, a partir de las manifestaciones de un trabajador de administración de la propia Gordillo al que también investigaron los detectives, que la empresa "factura más del 90% de la facturación total del complejo hospitalario de Huelva", algo que, subraya, es "matemática y estadísticamente imposible, salvo que existan arraigadas prácticas abusivas y delictivas".

El propio demandante remarca que "desde la áreas de Rehabilitación y Traumatología le dicen a la gente que allí no tienen que pagar o que éste u otro producto sólo lo tiene F.G.C. en sus tiendas". En total, Salud asigna un presupuesto 2,5 millones euros para Huelva en materia de dispositivos ortopédicos. Que Ortopedia Gordillo cope la mayor proporción la convertiría en una de las ortopedias "que más facturaría de España por gabinete".

Cuando un paciente o su familiar recibe la receta expedida por un facultativo en la que le prescribe un dispositivo ortopédico, tiene que acudir con este documento al mostrador de Prestaciones, donde se le coloca una etiqueta que lo valida y se le devuelve el original. Si el enfermo no está ingresado, se le facilita además un listado con las ortopedias conveniadas para que pueda elegir. Si está ingresado, se llama a la ortopedia de guardia -corresponde a una por semana-, hecho del que queda constancia en un libro de registro del centro sanitario en cuestión.

Sin embargo, se afirma en la querella, "llama poderosamente la atención que prácticamente todo el personal sanitario del área de Traumatología de ambos hospitales remitan a los pacientes a Ortopedia Gordillo, esté de guardia o no". De ser así, el perjuicio económico para el resto de empresas del sector es más que evidente.

Según ha podido saber este rotativo, el instructor de la causa ha requerido esos libros de guardias de Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, ampliando la petición a otros centros de la capital, caso del Blanca Paloma. Este último indicaba recientemente al juzgado -en un escrito al que ha accedido Huelva Información- que no dispone de libro de registro de las recetas y dispositivos ortopédicos ni de guardias de los establecimientos de ortopedia: "Al ser un centro concertado con la Consejería de Salud, no disponemos de recetas oficiales; nuestro facultativos, cuando indican algún material ortopédico a los pacientes, lo realizan a través de una hoja de petición de prestación" con la que el enfermo acude a la Gestoría de Usuarios de su hospital público de referencia para que le emita la receta oficial con la que poder adquirir el dispositivo.

El empresario querellante con el que ha contactado este diario precisa que el monopolio de Ortopedia Gordillo llega hasta el punto de que "apenas he hecho un par de guardias en los últimos cuatro años". A esto agrega que "no sé cómo van a hacer para conseguir el libro de registro de guardias que les ha pedido el juez en el Juan Ramón Jiménez porque, si dispone de él, el resto de ortopedias no hemos firmado".

Con el informe del detective, que se adjunta en la querella "se acredita sin lugar a dudas que enfermeros del Juan Ramón Jiménez y el resto del personal sanitario de la planta de Traumatología reciben habitualmente obsequios de la ortopedia Gordillo, como dispositivos electrónicos de considerable valor y otras gratificaciones". Se agrega que se puede "deducir" que personal de Ortopedia Gordillo está "reparando y utilizando en su beneficio material devuelto y sobrante que se acumula en el almacén de mantenimiento" del hospital Juan Ramón Jiménez.

Precisamente uno de los imputados, M.M.G., compatibiliza su trabajo como comercial en la ortopedia investigada con el de mecánico de mantenimiento del centro sanitario. Las pesquisas de los detectives llevaron a determinar que el 10 de abril de 2013 hizo gestiones para la empresa privada en el hospital pese a que la ortopedia "no estaba de guardia y no podía, en consecuencia, tener presencia ni profesional ni comercial en el centro hospitalario en toda la semana", consta en la querella. El 24 de abril de 2013, cuando la ortopedia Gordillo tampoco estaba de guardia, constataron que M.J.G.M. entraba al Estar de Enfermería del Juan Ramón, "recogiendo los historiales de los pacientes así como unas recetas sujetas con clips, todo con la connivencia irregular del personal sanitario".

Los investigadores privados fueron testigos directos de cómo F.G.C. les ofertaba, a cambio del parapodium que querían adquirir, otros objetos "totalmente ajenos a su especialidad comercial" como zapatos o bicicletas "por el valor del producto recetado", algo que, como consta en la querella, "evidencia un mercadeo ilegal".