Las organizaciones Tareas Solidarias y Acciónenred denunciaron ayer que la Subdelegación del Gobierno amenaza con multar con 301 euros a uno de sus miembros por la convocatoria de una manifestación que fue desautorizada y llevó a la concentración de 23 personas ante Hacienda y la propia Subdelegación.

Según explicaron los miembros de estas dos organizaciones, que contaron con el apoyo de la Plataforma Pobreza Cero para la convocatoria, el posible sancionado firmó la petición de manifestación contra la pobreza que fue remitida a la Subdelegación del Gobierno y rechazada por no haber llegado con los 10 días de antelación exigidos por ley. La denegación llegó el día anterior a la convocatoria y "como no había tiempo material para desconvocarla, las organizaciones convocantes decidimos asistir a la hora de comienzo en la puerta de Hacienda y que entre los presentes decidiéramos hacer o no la manifestación hasta la Subdelegación, decidiéndose no efectuarla", aseguran en el comunicado. Además, afirman que "así se lo comunicamos al destacamento policial que nos acompañó en todo momento", aunque inicialmente tenían la intención de entregar unas servilletas en forma de billetes de 500 euros al subdelegado, "hecho que no llegó a efectuarse por decisión colectiva de los presentes, leyéndose el comunicado final" y marchándose posteriormente los concentrados.

El portavoz de la Plataforma Dos Orillas, Gonzalo Revilla, uno de los asistentes a la convocatoria, asegura que ésta se desarrolló de forma "completamente pacífica. De hecho, al no contar con autorización, nos desplazamos por las aceras, no entorpecimos en ningún momento la circulación".

Según la comunicación remitida por la Subdelegación del Gobierno, los 23 reunidos portaban pancartas reivindicativas y repartieron material informativo, permaneciendo unos 20 minutos en el Paseo de Santa Fe y media hora en la puerta de la Subdelegación del Gobierno. Estos hechos, prosigue el secretario general, pueden constituir una infracción grave de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, de ahí la sanción propuesta, la mínima posible. Para este tipo de infracciones, la multa puede llegar a 30.050,61 euros e incluir la suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta tres meses, así como la retirada de la licencia de armas.

Ahora se abre un plazo de 15 días para que el expedientado pueda formular las alegaciones y aportar los documentos que crea oportuno. El plazo máximo para resolver son seis meses.

Las organizaciones aseguraban ayer que "esta represión monetaria por parte de la Subdelegación es a la que nos tienen habituado con las manifestaciones que denuncian las políticas de recortes y antisociales que el Gobierno de España desarrolla, consiguiendo con ellas, que la pobreza y desigualdad social se profundice en los sectores más vulnerables".