Un notario, un abogado, un empresario, el Ayuntamiento de Huelva y 70 ordenadores. Una historia casi de película en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Unos trataban de llevarse los equipos informáticos por un contrato. Otros se negaban por querer cumplirlo. Versiones distintas y cruzadas que acaban en sendas amenazas de demanda. Faltó la furgoneta y el anunciado desfile informático sin pasarela. Quizá se vea en los tribunales si no se acaba con un acuerdo previo que evite el esperpento bajo el Ave Fénix.

El escenario real no es tan complejo. Una empresa cede en la modalidad de leasing 70 ordenadores a Urbanismo. Cuatro años de alquiler con opción de compra final. El problema llega tras ese periodo, cuando la empresa espera una respuesta y el Ayuntamiento la da. Pero tarde. Tarde para la empresa y para lo que, entiende, está recogido en el contrato. ¿La solución final? Retirar los ordenadores. Ayer lo intentó la tienda informática, con abogado y notario, pero Urbanismo no lo permitió. No podía dejar marchar por la puerta una información pública muy valiosa. La empresa dio la opción de renunciar a los discos con la información y llevarse el resto de los equipos. El Ayuntamiento se negó a ello también.

"Esto es algo grotesco. Es un sinsentido. No están actuando de forma correcta", apunta el concejal de Desarrollo Urbano, Francisco Moro. "Tuvieron dos oportunidades para ejercer el derecho de compra y no lo hicieron en plazo. Entendemos que optan por la devolución", afirma el abogado de la empresa, Francisco de la Rosa.

El Ayuntamiento esgrime un decreto dictado el 13 de diciembre de 2012 en el que se muestra dispuesto a pagar 1.500 euros por los ordenadores, según el contrato inicial. "Ahí está la documentación y nuestra voluntad de quedarnos con ellos", dice Moro. El pago no se ha realizado, afirma, porque no han recibido una factura por la compra. La empresa asegura que no la han presentado porque esa voluntad de compra no llegó a tiempo.

"Según el contrato, el 4 de octubre de 2012 finalizaba el plazo para ejercer la opción. No presentaron ni decreto ni escrito de ningún tipo", apunta el abogado De la Rosa. "Les dimos una nueva oportunidad para ello con un escrito el 23 de noviembre, dándoles un plazo de 15 días naturales para comprar o retirar la información de los ordenadores. Contestaron un día después del día señalado para llevárnoslos", añade.

En el fondo de la cuestión, entonces, la deuda de 7.714,19 euros por el alquiler del último de los cuatro años de contrato. La empresa no quería ceder más sin cobrar antes ese dinero. Lo hizo, cuentan, hace unos días, después de anunciar para ayer la retirada de todos los equipos. "Y alguien nos ha confesado ahora que han pagado por la presión que ejercimos".

El Ayuntamiento quiere los ordenadores. Aseguran que es menor el coste de los mismos que el de extraer la información. La empresa sólo accedería a esa salida si cobra de inmediato. Si no hay acuerdo, todo apunta a los tribunales. Amenazas mutuas hay para ello.