La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) observará el recurso de amparo presentado ayer por SOS Bebés Robados "siempre desde el punto de la máxima exigencia en la defensa de los derechos fundamentales que se atribuye al Ministerio Fiscal, con los cuales estamos plenamente convencidos en todas las jurisdicciones", según indicó ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la capital.

Durante la ponencia que ofreció en la Universidad de Huelva, matizó que los fiscales del Alto tribunal examinarán el recurso "no ya desde la percepción del aspecto sustantivo del problema, sino exclusivamente desde la posibilidad de la vulneración de derechos".

Respecto a la interposición del recurso, remitió sus "respetos" a los afectados y apuntó que "será el TC el que, dentro de los cauces del amparo, decidirá si se han vulnerado o no derechos fundamentales".

Torres-Dulce dejó claro su "más profundo respeto y acatamiento de las decisiones de los tribunales de justicia", refiriéndose al auto dictado en pleno extraordinario por la Audiencia de Huelva el pasado noviembre en el que se apuntaba a la prescripción de los posibles delitos, que los magistrados no consideran de detención ilegal.

Asimismo, argumentó que "cuando digo respeto y acatamiento es respeto y acatamiento, no deslegitimación y burla de los tribunales, lo cual desborda con mucho el derecho a la crítica", a lo que añadió que "muchas veces respetamos la decisión de los jueces cuando nos favorece, pero no cuando nos perjudica".

El fiscal general del Estado señaló que "es evidente que tenemos posiciones distintas a la hora de apreciar los hechos", teniendo en cuenta que la FGE ha preferido "optar por un criterio que puede ser jurídicamente discutible respecto de la prescripción", pero que está sirviendo de instrumento al Ministerio Público para "proseguir con las investigaciones y dar respuestas". No obstante, reconoce que "es una posición jurídicamente muy controvertida". En su opinión, "no resulta fácil ni la calificación de estos hechos ni mucho menos la apreciación de la prescripción o no de los delitos".

Finalmente, sobre la petición de las víctimas de robos de neonatos para que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal que les permita recurrir los procedimientos ante el Tribunal Supremo, Torres-Dulce señaló que "es cierto que hay que lamentar que nuestro sistema de casación impida que lleguen al TS para fijar doctrina jurisprudencial, y en eso creo que la reforma legislativa va en buen camino".