Condenadas a la piqueta por su falta de marca, por no ser hitos arquitectónicos ni tener una firma reconocida en sus planos (torres más altas cayeron aun avaladas por el nombre de Pérez Carasa). El debate sobre la pervivencia de las casas de La Joya ha sido efímero: el Ayuntamiento de Huelva descarta su mantenimiento y restauración, la propuesta llevada al Pleno por la Mesa de la Ría con la anuencia del resto de grupos de la oposición pero con la negativa frontal del equipo de gobierno vía Francisco Moro. ¿Los argumentos? "No tienen una belleza arquitectónica especial ni merecen una protección más allá de recordar que eso es Huelva". Eso en el plano filosófico, porque en el urbanístico el Consistorio asegura que las casas están en ruinas y que la única actuación que cabe es el derribo y agilizar el adecentamiento de la zona.

Ni las alusiones al pasado histórico de lo que fuera la entrada a Huelva ni los argumentos económicos (no se va a derribar porque no hay dinero, alegaba el portavoz de la Mesa José Pablo Vázquez) convencieron al titular de urbanismo. De trama urbana de interés a edificios en ruinas en una votación, en la cual no quedó claro qué pasará con las personas que supuestamente ocupan esos inmuebles y de las que el Ayuntamiento asegura no tener constancia.

También fue rechazada de plano la otra propuesta de Vázquez: la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, una revisión light, elaborada por los técnicos municipales, menos encaminada al crecimiento de la ciudad que a la reordenación de los espacios urbanos vacíos que ha ido dejando la expansión de la capital. Una idea que al Ayuntamiento le pareció peregrina en "una época mala", señaló Moro, recordando al tiempo la revisión frustrada que se inició hace unos años. Por el momento, tendrá que valer con las modificaciones puntuales, porque "no es el momento de reflexionar hacia dónde va a ir el urbanismo en los próximos 20 años".

Más suerte tuvieron los trabajadores del Juan Ramón Jiménez: después de meses de quejas, tendrán un aparcamiento gratuito sólo para ellos, una alternativa al aparcamiento público puesto en marcha hace unas semanas con unas tarifas que consideran excesivas. A propuesta de IU, el Ayuntamiento cederá al hospital una parcela junto al complejo, que el propio centro se encargará de acondicionar, siempre que se garantice que será de uso exclusivo de los empleados. En total, 13.000 metros cuadrados que, como se encargó de recordar el concejal izquierdista Juan Manuel Arazola, servirán también para aliviar a los vecinos de la zona, que verán reducirse la presión sobre las plazas existentes.

El quid de la cuestión, el asunto que ha centrado el debate político en los últimos días, quedaba paradójicamente fuera del salón de plenos: el tan traído y llevado informe del interventor sobre el cumplimiento del plan de ajuste, un documento poliédrico, a medida, en función de dónde pusiera el foco el portavoz de cada uno de los grupos en el pasillo (el lugar que concentró el debate económico). Los argumentos ya estaban sobre la mesa los días anteriores: el ahorro de casi cinco millones de euros en el ejercicio 2012 y la reducción del gasto en mayor medida de lo planteado, en la defensa del equipo de gobierno. En el lado socialista, la otra cara de la moneda; se ahorra, sí, pero a costa de no ejecutar el gasto (el problema es cuando éste es necesario, apunta la socialista María Villadeamigo) y de no pagar facturas: 20 millones de euros se quedaron en el capítulo de facturas no incluidas en el presupuesto. Izquierda Unida se suma al problema de los impagados, lamentando que el Ayuntamiento "acumule de nuevo deuda". Y la Mesa de la Ría optó por quedarse con lo que diga el interventor.

Apartado del debate plenario un asunto espinoso, quedaba la polémica antigua por otras cuestiones, como la subida de las tarifas de autobús, que reinicia los trámites "después del retraso impuesto por la Junta de Andalucía", según el equipo de gobierno; después de varios años sin subirlas por motivos puramente electoralistas para la oposición encarnada en el portavoz de IU, Pedro Jiménez. El resultado se verá en el mes de abril con un 22,2% más de coste en el precio de los billetes si la tramitación marcha según los planes del equipo de gobierno.