El juez ha imputado al ex concejal del PSOE de Ayamonte José Carlos Fernández y al presidente de la Cámara de Comercio de la localidad, el abogado Javier González Hernández, al considerar que la organización presionó al alcalde, Antonio Rodríguez Castillo, para acelerar los trámites relacionados con la licencia para un "macroprostíbulo", la Sala Número 1.

El instructor considera que ha quedado indiciariamente acreditado que diversos miembros de la organización se pusieron en contacto con miembros del Ayuntamiento de Ayamonte. En esos encuentros habrían participado, además de los integrantes de la red, José Carlos Fernández y Javier González, apodado por la red como El Lejía, con la finalidad de acortar los plazos necesarios para la concesión de las licencias de obras y de apertura del club de alterne.

Los investigadores han puesto de manifiesto que para lograr sus objetivos, la organización habría incluso "presionado" al alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo, llegado a "amenazar" diciéndole que "evitarían su reelección", según consta en el sumario.

Para llevar a cabo sus propósitos de inaugurar el club de alterne en Ayamonte, dos de los principales imputados, José María F. G. y José Antonio L. J. habrían encomendado a uno de los subordinados, José P. R., que iniciara el contacto con alguno de los dirigentes del Consistorio, con la idea de "acelerar" la concesión de las licencias necesarias para acondicionar la nave donde se ubicar la sala Número 1 y la apertura del macroprostíbulo.

Las mismas fuentes indicaron que las escuchas telefónicas que se han practicado durante la instrucción del sumario -en estos dos años de averiguaciones- apunta los contactos entre el miembro de la organización y el ex concejal del PSOE, con quien tenía una relación "extensa y fluida". Las pesquisas permitieron comprobar que el edil realizaba un "activo seguimiento" del estado de tramitación de las licencias del club de alterne.

Los investigadores sostienen que en mayo de 2011, ante las inminentes elecciones municipales, el momento fue aprovechado para "aumentar la presión" sobre el alcalde de Ayamonte y añaden que el ex concejal imputado, a cambio de "utilizar su influencia" en el Ayuntamiento, habría percibido una cantidad de dinero indeterminada, además de "favores" de la red, como la contratación de personas afines como personal nuevo macroprostíbulo e incluso la entrega de dinero para el pago de "facturas personales".

El presidente de la Cámara de Comercio, Javier González, también habría utilizado su influencia en el Ayuntamiento para ayudar a la organización desmantelada. Por todo ello, el juez ha imputado al ex concejal delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ayamonte quedó ayer en libertad sin fianza, imputado por tráfico de influencias, tras permanecer dos días y medio detenido en Sevilla en dependencias policiales y judiciales.

Javier González se negó a declarar ante el juez y se declaró inocente de la acusación, si bien ha puesto su cargo de presidente de la Cámara de Comercio a dispisición de la Cámara de Comercio de Huelva, ofrecimiento que, en principio, ha sido rechazado.

González se ha mostrado perplejo por su detención y el volumen de las diligencias practicadas, en torno a 9.000 folios. Este último hecho, según fuentes cercanas al imputado, motivó su negativa a declarar debido a que aún desconoce el contenido literal y el alcance de las indagaciones realizadas. Antes de abandonar los juzgados hispalenses, el juez le retiró el pasaporte y el DNI.