Huelva

Interior contacta con varias empresas para contratar en la prisión seguridad privada

  • El Gobierno recolocará a ex escoltas del País Vasco en la cárcel, aunque evita por ahora concretar fechas sobre la culminación del plan

La operación para privatizar la seguridad exterior del Centro Penitenciario de Huelva ha comenzado. El Ministerio del Interior evita dar fechas sobre el momento en el que pondrá en marcha su plan para recolocar en las cárceles españolas a los más de 800 escoltas que protegían a políticos y autoridades -fundamentalmente en el País Vasco y Navarra- y que se han quedado sin actividad tras el fin de la banda terrorista ETA. Eso sí, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz admitió ayer a este diario que mantiene contacto con "varias empresas", pero que todo el proceso se encuentra en fase embrionaria.

Estas manifestaciones de Interior parten de la denuncia que el sindicato CSI-F realizaba en un comunicado distribuido en la mañana de ayer -y que paralizó a media tarde- en el que afirmaba que la Administración central había adjudicado la seguridad exterior de los penales de Huelva, Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca y Castellón a la empresa Ombuds. Esta averiguación fue obtenida por el sindicato de "fuentes indirectas", ya que, según afirmaba ayer en la nota de prensa, "tanto el Ministerio como la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lo han negado".

El asunto, del que lleva las riendas la Secretaría de Estado de Seguridad, no quedará sólo en manos de una empresa, sino que serán varias las que se repartirán el apetitoso pastel de las penitenciarías.

Hasta ahora, la Guardia Civil era la que asumía las competencias en materia de seguridad exterior de las prisiones. Interior dejó claro ayer que no pretende reemplazar por completo a la Benemérita, sino que destinará a los guardaespaldas a controlar el perímetro exterior de los recintos carcelarios.

El destacamento onubense de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya avanzó a Huelva Información el pasado 27 de abril que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende sustituir a un tercio de los agentes por ex escoltas, implantando en parte el modelo americano, en el que la seguridad de las cárceles, las conducciones y los propios edificios se atribuyen a empresas privadas.

Según la asociación, los empleados de estas compañías controlarán las garitas, la entrada a la cárcel y el circuito cerrado de cámaras de televisión. Para ello deberán realizar un curso en un centro homologado de al menos diez horas de duración que también habilita para vigilar dependencias de seguridad como cuarteles militares o centros policiales, apuntó ayer CSI-F.

En la actualidad, en torno a 60 efectivos del Instituto Armado trabajan en el penal de La Ribera, donde seguirán manteniendo las tareas de conducción. La AUGC calcula que "sobrarían entre 15 y 20 guardias" en Huelva, prácticamente la tercera parte del global. La recolocación de este excedente, según la Dirección General de la Guardia Civil, se produciría en "los puestos principales y cabeceras de compañía más cercanas". La propuesta de la AUGC de Huelva pone el foco de la recolocación sobre otras dos unidades de la Benemérita: la del Puerto y la de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Al hilo de esta información, el delegado de la Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en Huelva, Genaro González, alertaba de que el personal de seguridad privada no puede afrontar los altercados como un agente de la autoridad porque no tiene competencias para ejercer como tal: "Estas personas no podrían retener a nadie, del mismo modo que si robas en un supermercado el guardia de seguridad ni siquiera puede cachearte, porque esta tarea la tienen que realizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

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