La Fiscalía General del Estado (FGE) ha distribuido entre todas las delegaciones del Ministerio Fiscal una circular relativa a las presuntas desapariciones de recién nacidos entre 1950 y 1990 con la que pretende unificar criterios jurídicos y ofrecer a las víctimas una respuesta común que permita "llegar al fondo de la cuestión en la mayor parte de los casos". El texto, al que ha tenido acceso Huelva Información, detalla a lo largo de 29 páginas cuál es la pauta de la Fiscalía al respecto, posición totalmente opuesta a la determinada por la Audiencia Provincial de Huelva sobre el asunto. Esto es, todos los ciudadanos del territorio español se beneficiarán de las iniciativas del Ministerio Público. También los onubenses, pero en su caso los procedimientos no prosperarán. Una vez que lleguen a manos del tribunal provincial en forma de recurso, serán archivados por prescripción, independientemente de las pruebas obtenidas durante las investigaciones policiales y del fiscal.

La FGE afirma que, a la espera de que los tribunales fijen una línea jurisprudencial consolidada al respecto, los fiscales podrán calificar el robo de bebés como un delito de detención ilegal y que éste reviste carácter permanente, "por lo que el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la víctima sea mantenida en la ignorancia de su origen y verdadera identidad, aún cuando ya sea mayor de edad". Esgrimiendo este argumento, pretende favorecer el interés de los denunciantes por conocer la verdad de los hechos y permitir a los fiscales realizar una completa investigación efectiva que en Huelva siempre se verá frenada por cualquier recurso de la defensa que, como se sabe, acabará en manos de la Audiencia y la cerrará por prescripción del delito.

Para la Fiscalía General, lo hechos revisten a priori "trascendencia penal", con lo que los miembros del Ministerio Público deberán abrir diligencias de investigación antes de promover la acción de la Justicia. Además, deberán incoar una diligencia por cada uno de los hechos denunciados, de forma independiente, desaconsejándose que se tramite de forma conjunta una pluralidad de hechos "cuando no concurra ningún indicio que los permita considerar conexos".

Una vez que inicien las diligencias de investigación, los fiscales tienen autorización para ordenar la exhumación de las tumbas en las que presuntamente yacen los neonatos: "Si la Policía está legitimada para recoger tales restos, tanto más lo estará el fiscal". Podrán también practicar las pruebas de ADN a los restos hallados sin necesidad de tener autorización judicial, "siempre que se cuente con el consentimiento de los interesados, toda vez que no se trata de un supuesto de obtención de muestras corporales realizadas de forma directa sobre el sospechoso o imputado en un procedimiento penal, sino de un acto voluntario y autorizado por los propios denunciantes en relación a los restos cadavéricos de quienes se supone que son sus propios hijos", concreta el documento.

Respecto de la posible caducidad de estos hechos, la Fiscalía General ordena a los fiscales agotar la investigación de las denuncias con el fin de tener un completo relato de hechos antes de fijar posición sobre la prescripción. En todo caso, "las personas cuyas actuaciones hayan sido archivadas por prescripción tienen derecho a conocer sus orígenes y son deudoras de una reparación, mediante las correspondientes acciones civiles de reclamación de filiación y de compensación económica".

En estos casos, los fiscales deberán cuidar "que los denunciantes sean debidamente notificados y de que se les proporcione copia del historial clínico".

La asociación Bebés Robados Huelva, a través de su abogado, José Luis Orta, manifestó ayer sobre este asunto que valora la noticia con "sensación agridulce", una "inmensa alegría en una época tan propicia para ello" con la salvedad de un pequeño detalle: "Este criterio vale en todo el territorio español salvo en Huelva, esta diminuta aldea tiene su criterio jurisprudencial propio y se resume en cortar cabezas y que aquí no se va a juzgar ni un puñetero caso de bebés robados".

Es, según el comunicado del colectivo que representa a más de cien afectados de nuestra provincia, "la traducción al castellano popular" del auto emitido por la Audiencia Provincial de Huelva el pasado 19 de noviembre, por lo que considera que "tenemos un billete de lotería premiado pero no lo podemos cobrar. Por decreto".

Orta se dirige en la nota de prensa directamente a los nueve magistrados del tribunal provincial para decirles que "ya no sólo les contradice la opinión pública y la gente de la calle o la Audiencia de Madrid en el asunto de sor María Gómez Valbuena; ahora es la Fiscalía nacional".

La circular de la FGE da vía libre a "los juzgados de todos los pueblos de España, todos, que tendrán órdenes expresas de seguir adelante con este tema y perseguir a tanto golfo que anda libremente y que hace unos años cambiaron niños por dinero. Y en Huelva los hay. Y unos cuantos".

Por todo, el letrado de la asociación remarca que "hay una Justicia para el territorio español y otra para Huelva", por lo que propone a la judicatura onubense que se reúna con el centenar de familias afectadas para "explicarles, procesalmente hablando, lo que está ocurriendo. Porque esto no lo entiende ni Dios".

Este diario contactó con la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, quien aplaudió la postura de la FGE que "por fin reconoce que las conductas son graves y acepta la detención ilegal, algo que nunca debió ponerse en duda ya que se habla de seres humanos: bebés indefensos apartados de sus madres y vendidos como mercancías". Lamentó también que "la Audiencia en Huelva no haya decidido sobre nuestros casos basándose en el mismo criterio".

Para José Luis Orta, "pueden callar nuestros procedimientos, pero no pueden callar nuestra razón. Una vez más la Justicia, a través de sus empleados públicos, da la espalda al pueblo. No podemos sentirnos orgullosos en Huelva de cómo se nos ha tratado, máxime cuando te comparas con el resto de España. Es de vergüenza" .