Tras conocer ayer el auto del Tribunal Constitucional que mantiene la suspensión de la convocatoria de oposiciones publicada por la Consejería de Educación de la Junta el pasado mes de febrero, el sector de Enseñanza del sindicato CSIF exigió ayer que se convoque de "manera urgente" la mesa sectorial para analizar las repercusiones de esta decisión.

Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el auto del Tribunal Constitucional supone "el último eslabón de un despropósito" y evidencia que los ciudadanos y, en este caso, los opositores "les importan poco o nada a los partidos gobernantes", por lo cual exigió, en primer lugar, que se realice la devolución de las tasas pagadas por los opositores. Según la estimación del sindicato, en la provincia de Huelva habría más de 1.500 aspirantes afectados (unos 20.000 en Andalucía).

Tras el anuncio, el Tribunal Constitucional ha cumplido así con el plazo estipulado de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión del proceso iniciado por la Consejería de Educación en febrero del año pasado y por el que se ofertaban 2.389 plazas para los cuerpos de Enseñanza Secundaria y de Régimen Especial, tras el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la convocatoria.

Desde CSIF lamentaron profundamente "la situación de indefensión y desamparo que viven miles de opositores victimas del fuego cruzado entre las formaciones que gobiernan a nivel estatal y autonómico".

A juicio del sindicato, la "falta de diálogo institucional" y la "pugna partidista" están marcando este proceso que, bajo su punto de vista, "juega con el futuro y las expectativas de miles de docentes en tiempos especialmente dramáticos para el conjunto de la sociedad".

En este mismo sentido, la organización sindical recordó que el auto comocido en el día de ayer es un peldaño más en la incertidumbre de este colectivo docente hasta que tenga lugar la decisión definitiva sobre la posible inconstitucionalidad o no de la norma impugnada.