Huelva

Interior culpó en un informe a la Justicia de los fallos del caso Mari Luz

  • Admite que se produjeron errores policiales pero ninguno de "trascendencia importante para la investigación" · Entre las "distorsiones", la puesta en libertad de Del Valle en Granada tres días después de la desaparición

El error cometido por una forense adscrita a la Policía Científica en el caso de Ruth y José -que concluía tras analizar los restos óseos hallados en la hoguera de la finca de Las Quemadillas que pertenecían a animales y no eran humanos- ha eternizado el sufrimiento de la familia Ortiz, que ha soportado casi once meses de asfixiante incertidumbre sin saber dónde estaban los hermanos onubenses. Este sinvivir lo conoce bien el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que resumió los 54 días que pasó sin saber qué había ocurrido con su hija de cinco años aquel fatídico 13 de enero de 2008 como "una auténtica tortura: no duermes, no comes, no vives y todo esto se podía haber evitado".

En su caso en concreto, el onubense solicitó al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, días después de que fuera hallado el cuerpo sin vida de su pequeña -el 7 de marzo de 2008- en la ría de Huelva, un informe en el que se detallara la actuación policial. Zapatero se comprometió a ello y cumplió. El 24 de abril de ese año el que fuera ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entregaba en mano a Cortés un documento en el que se analizaban los pormenores de la investigación, un texto de ocho páginas al que ha tenido ahora acceso en exclusiva Huelva Información.

El punto sexto del informe, titulado Consideraciones respecto a la actuación policial, puede resumirse en que Interior culpa a la Justicia de los errores de mayor trascendencia, que demoraron el esclarecimiento del caso. Así, enfatiza que la labor desarrollada por los investigadores policiales fue "extraordinariamente compleja", al tiempo que concluye que "no han cometido fallo alguno cuya trascendencia hubiera sido importante para el desarrollo de la investigación". Es decir, que admite soterradamente que hubo errores, aunque no fueran a su entender de gran calado.

Antes de entrar en materia, el Gobierno recuerda que la requisitoria del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla contra el asesino de Mari Luz Cortés "no figuraba inscrita en las bases de datos policiales", refiriéndose a que el juez Rafael Tirado no ordenó ejecutar la sentencia por la que Santiago del Valle, en enero de 2008, debía haber estado en prisión.

Prosigue el Ejecutivo en el documento que, si bien la relación Policía Judicial-autoridad judicial "suele ser fluida", en el caso Mari Luz se produjeron "algunas distorsiones". Entre ellas destaca que en la primera detención de Del Valle y su mujer, Isabel García, en Granada dos días después de la desaparición de la niña en El Torrejón (15 de enero) "se planteó al juez de guardia la conveniencia de su traslado a Huelva para continuar con los interrogatorios". No obstante, esto no fue posible porque el juez de guardia estimó que dicho traslado debería ordenarlo la magistrada encargada del caso, la titular del Instrucción 1 onubense, pero "no fue posible contactar con la referida juez al estar disfrutando de días libres". Uno por otro y la casa por barrer.

Juan José Cortés muestra su indignación ante esta coyuntura, que permitió que el pederasta y su esposa fueran puestos en libertad "después de permanecer menos de 24 horas en la comisaría de Granada: si los hubieran sometido a un interrogatorio en condiciones, probablemente el caso se hubiera resuelto en horas".

La Policía Judicial onubense ordenó la detención de Santiago del Valle después de "haberlos dejado marchar a las 7 de la mañana", recordó Juan José Cortés, que lamenta que "en este país tenemos el prejuicio de que los gitanos somos siempre los que causamos daño y no es así: la Policía los protegió a ellos en las primeras horas porque creían que nos los íbamos a comer, les dejaron la puerta abierta para que se marcharan adonde les diera la gana".

Los investigadores, capitaneados por el inspector Francisco Durán, comprobaron que Del Valle tenía antecedentes por abusos sexuales a menores, "concretamente de la misma edad de la desaparecida, incluida su propia hija de la que tiene retirada la patria potestad", reseña el atestado policial granadino. El documento añade que el 14 de enero 2008, cuando se pretendió localizarlos para que declararan, "se comprobó que se habían ausentado de su domicilio con la excusa de trasladarse a Sevilla para visitar a su suegra que se encontraba hospitalizada, extremo éste que se comprobó que no era cierto".

El asesino de Mari Luz e Isabel García fueron detenidos el 15 de enero a las 22:45 en el interior de la estación de autobuses de la carretera de Jaén. Según constan en las diligencias policiales que figuran en el sumario del caso, a las que ha tenido acceso este rotativo, fueron abordados por policías de paisano. Ella, al ser requerida, "se pone extremadamente nerviosa y, sin ser preguntada al respecto, manifiesta que ellos no tienen nada que ver con la desaparición de la niña de Huelva, que su marido ha tenido problemas con la Justicia, incluso le han retirado la custodia de sus hijos al ser acusado de abusos a los mencionados hijos y que por ello han decidido marcharse de Huelva y cambiar de aires".

Del Valle tenía antecedentes gravísimos -le constaban seis detenciones, la última del 13 de abril de 2004 en Sevilla, por abusos-, mintió claramente, su mujer se puso de los nervios cuando los detuvieron. Pero a las 20:15 del 16 de enero ambos fueron puestos en libertad "a pesar de las contradicciones en las que han incurrido en sus respectivas declaraciones", refiere el juez de guardia, ya que "no se han podido obtener hasta el momento presente pruebas e indicios que le incriminen directamente".

Las contradicciones son obvias. Isabel García manifestó en su declaración que el día de autos, tras el almuerzo, ambos se acostaron a dormir la siesta. Ella se despertó a las 16:00, "percatándose de que su marido no estaba en la habitación (...), sobre las 16:30 escucha cómo se abre la puerta del domicilio y al momento entra en el dormitorio su marido Santiago, al que le pregunta dónde había ido, respondiendo éste que había estado dando una vuelta; él no hacía más que tocarse las manos, hecho que suele realizar cuando está más nervioso de lo habitual". Cuando el juez preguntó a Del Valle si había abandonado el domicilio de la Avenida de las Flores en algún momento, él testificó que "no, que en todo momento estuvo con su mujer". Para Cortés, había contradicciones "muy potentes como para haberlos detenido e interrogado en condiciones".

Retornando al informe elaborado por el Ministerio del Interior, es significativo que refiera que la instructora del caso en Huelva estuvo al tanto en todo momento de la investigación policial pero "denegó una prórroga de la intervención de los teléfonos de Santiago del Valle". La Policía Nacional la solicitó al objeto de "obtener informaciones fundamentales, al tiempo que permitía tener localizados a los sospechosos que, en aquel momento, deambulaban de ciudad en ciudad". Pero la prórroga no fue concedida hasta "la aparición de cadáver de la niña".

Juan José Cortés sentencia al respecto que "nunca lo tuvieron localizado, aunque a nosotros nos decían que sí; Del Valle estaba buscando la forma de salir de España y casi se les escapa". El pederasta ya había preguntado en una sucursal bancaria si podía cobrar la pensión en el extranjero y se interesó por la Casa de España en Cuba.

El informe gubernamental se cierra con un párrafo que señala que la "meticulosidad" de la titular del Instrucción 1 de Huelva produjo "algunos retrasos en la concesión de las diligencias de investigación" que efectuaba la Policía.

Cortés considera que, además de lo reseñado por Interior, se produjeron más errores en la investigación policial. Al principio la horquilla horaria de la desaparición se fijó entre las 16:30 y las 19:00 del 13 de enero y "fui yo personalmente quien tuvo que acotarla, preguntando persona a persona, para saber realmente a qué hora salió mi niña de casa y cuándo fue vista por última vez". El padre de Mari Luz destaca en paralelo que "tanto la Guardia Civil como la Policía querían esperar 48 horas para empezar a buscarla, algo que gracias a dios ya ha cambiado, aunque le ha tenido que costar la vida a mi hija".

Finalmente, indica que en un punto de la investigación "me llamó el comisario para pedirme que consiguiera información sobre toda la gente de El Torrejón que tuviera una finca porque allí podía estar mi hija; cuando le pregunté la fuente de esa pista, le saqué que procedía de una vidente; me indigné y pensé que me tomaba el pelo". Aún así, "lo di por bueno y empecé a preguntar porque en estas cosas te mueve el corazón, pero me di cuenta de que estaban perdidos".

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