Si el Gobierno de España y la Junta de Andalucía quieren que el Espacio Natural de Doñana siga conservando todas sus distinciones internacionales, una especie de triple A de solvencia medioambiental, tendrán que dar carpetazo definitivo a proyectos como el oleoducto Balboa, el dragado del Guadalquivir, y concluir el plan de reordenación de regadíos de la Corona Norte. De lo contrario lo pueden sacar de la Lista de Humedales Ramsar de la ONU, le despojarán del título de Reserva de la Biosfera, dejará de ser Zona de Especial Protección de las Aves e incluso perdería el Diploma del Consejo de Europa.

Gobierno y Junta no lo tienen nada fácil. Deberán cumplir las sugerencias, que son mandatos, de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) antes del próximo 1 de febrero de 2013, día en que el Estado deberá remitir al Centro de Patrimonio Mundial un informe detallado acerca del estado de conservación del bien (Doñana). Y en particular sobre el oleoducto, la sobreexplotación de los acuíferos del Parque, el análisis de expansión de la Refinería La Rábida, los planes de regadíos, las aguas residuales y el dragado del Guadalquivir propuesto por el Puerto de Sevilla.

El ultimátum en toda regla, que será analizado hoy y conocido por muchos de los miembros del Consejo de Participación de Doñana, tiene su origen en la visita de la Misión Ramsar de Asesoramiento y la Unesco realizada entre los días 19 y 22 de enero de 2011.

Los organismos internacionales fueron alertados de la situación límite que atravesaba Doñana por organizaciones como WWF y Ecologistas en Acción.

Hace 18 meses la Misión llegó a la conclusión de que "el Valor Universal Excepcional de este sitio del Patrimonio Mundial no está en peligro". Pero acto seguido puso los deberes al Estado español y a la Junta andaluza advirtiéndoles que debían resolver los asuntos pendientes, a los que añadía "los efectos acumulativos de los proyectos de infraestructuras fuera del sitio del Patrimonio y Sitio Ramsar", es decir las carreteras y otras obras.

Ese examen de repesca toca ahora y ya no hay más plazos para evitar que se incluya a Doñana en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

Precisamente este ultimátum ha espoleado a las autoridades en algunos aspectos, intento de reordenación de los regadíos y control de las extracciones ilegales de agua, no del Ministerio de Agricultura al oleoducto Balboa, y plan de riesgos de la Refinería La Rábida. El resto de tareas están por hacer.

En la carta enviada al embajador español ante la Unesco, el Comité del Patrimonio Mundial animó al Estado español a actualizar todos los planes "de prevención de riesgos y de gestión, en vista del proyecto expansivo de la Refinería La Rábida" y le impuso el "establecimiento de líneas de comunicación directas en caso de emergencia con la unidad especializada de la empresa" relacionada con la respuesta urgente ante situaciones extremas (vertidos).

El organismo internacional consideró que "el proyecto de oleoducto de Balboa podría tener impactos directos e indirectos en el valor universal del bién" e instó al Estado a "abstenerse de seleccionar cualquier recorrido para el oleoducto que pudiera tener un impacto sobre Doñana".

En la carta enviada a España, la Unesco solicitó al Estado "que asegure la implementación del Plan de Gestión de las Zonas de Regadíos, en especial la Corona Norte". Y le sugirió que hiciera todo el esfuerzo posible para hacer un proyecto basado "en el consenso, con la participación de todos los actores, pero sin que se diluyan los objetivos esenciales del Plan acerca de la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso racional del agua".

Incluso le impuso una fecha para poner fin a lo que se denomina ya 'el robo del agua en Doñana'. El Plan de Regadíos debería aprobarse antes del 31 de diciembre de 2011 y debería estar en funcionamiento el 1 de enero de 2012.