pleno extraordinario en la gran vía. El PP, dispuesto a llegar hasta final en el órdago al Gobierno andaluz

El Ayuntamiento estudia embargar cuentas y bienes de la Junta para cobrar su deuda

  • Adame plantea el salto a la vía judicial para reclamar más de 10 millones de impagos tributarios · "Si pagaran -insiste-, las medidas del plan de ajuste se verían mermadas"

La minuta de la discordia va a dar mucha guerra entre los despachos de la Gran Vía y los de la calle Sanlúcar de Barrameda, en la batalla que ha reabierto el Ayuntamiento para reclamar a la Junta de Andalucía una deuda tributaria de más de 10 millones de euros. "El Gobierno andaluz debe a las capitales más de 50 millones de euros en impuestos -señaló ayer el teniente de alcalde de Economía, Juan Carlos Adame, en declaraciones previas al Pleno-. Si cobráramos lo que nos debe, se verían mermadas las medidas del plan de ajuste". Para el común de los mortales: menos subida fiscal, menos recortes, menos trauma para los administrados.

Visto así parece muy sencillo, pero todo se enmaraña en esta sequía de la crisis, y el conflicto entre las dos instituciones está más que enquistado en la diferencia de criterios de cuantificación de la deuda. Los periquistas defienden que el nuevo informe de Recaudación no da lugar a dudas ni margen a la interpretación: con más de 4 millones en intereses de demora, los impagos que la Junta acumula desde 1994 por las propiedades inmobiliarias que tiene en la ciudad y su parque de automóviles han dejado en el Ayuntamiento un agujero de 10.054.132 euros, como ayer adelantó Huelva Información.

En un pulso de impugnaciones, hasta ahora el asunto se había abordado en la vía administrativa, según explicó Adame, anunciando que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando la situación para ejecutar estos derechos de cobro con arbitraje judicial. "Contemplamos la posibilidad de embargar bienes y cuentas de la Junta por el importe que nos deben -avanzó el teniente de alcalde-. En estos momentos, estamos viendo las medidas que podríamos tomar para recuperar esos 10 millones, si ellos no pagan voluntariamente".

De momento, Adame prepara un nuevo órdago, documentado en el citado informe del Servicio Municipal de Recaudación. Será la base de la moción que llevará el PP al Pleno ordinario de la semana que viene (la de ayer fue una sesión extraordinaria donde se aprobó la ampliación del plan de pago a proveedores y otras medidas económicas). En una tesitura en la que, más que nunca, apremia la financiación en el Consistorio, los mandatarios están dispuestos a llegar hasta el final con un tema que en los últimos tres años ha sido uno de los caballos de batalla del alcalde, Pedro Rodríguez. En declaraciones a este periódico, el regidor instó esta semana al Gobierno andaluz a "pagar sus impuestos, como pagan todos los onubenses".

Desde que este ajuste de cuentas entre instituciones saltara a la luz pública en 2009, han naufragado todos los intentos de negociación. En la base de datos de Recaudación constan impagos de diferentes delegaciones provinciales y empresas públicas dependientes del Gobierno andaluz por cuotas acumuladas del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de sedes institucionales, locales y viviendas de titularidad autonómica, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y otros cobros fiscales pendientes de ejecución.

Como se explica en la moción del PP, se insta al desembolso de estos más de 10 millones de euros "tras haberse practicado por el Servicio de Recaudación Municipal requerimientos de pago de la deuda generada en cada uno de los ejercicios desde 1994, y no habiendo obtenido el pago, ni compromiso alguno de la Junta de Andalucía por las deudas tributarias que generan sus edificios administrativos, su parque de vivienda y locales públicos, sus vehículos, centros de salud, etc".

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