Remontándose incluso a la etapa preperiquista, los impagos que el Gobierno andaluz ha ido sedimentando desde 1994 por las propiedades inmobiliarias que tiene en la ciudad de Huelva y parte de su parque de automóviles han dejado en el Ayuntamiento un agujero de 10.054.132 euros. Así queda certificado en el último informe del Servicio Municipal de Recaudación, al que ha tenido acceso este periódico. El documento viene a depurar una deuda autonómica que en los últimos años se ha convertido en uno de los caballos de batalla del alcalde, Pedro Rodríguez. Con una moción de urgencia, el PP prepara un nuevo órdago para reclamar estos derechos tributarios en el Pleno de la semana próxima, cuando más apremia la necesidad de financiación en la casa de la Gran Vía.

Desde que este ajuste de cuentas entre Administraciones saltara a la luz pública en 2009, todos los intentos de negociación institucional han quedado en un conato, mientras el débito se ha ido disparando por los intereses de demora. Estas penalizaciones han llegado a sumar más de 4 millones de euros en recargos, aunque el montante final de la deuda ha sido rebajado con compensaciones por pagos municipales a la Junta por otros conceptos.

En el balance que el teniente de alcalde de Economía, Juan Carlos Adame, ha encargado a los servicios de Recaudación, constan impagos de diferentes delegaciones provinciales y empresas públicas dependientes del Gobierno andaluz por cuotas acumuladas del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de sedes institucionales, locales y viviendas de titularidad autonómica, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y otros cobros fiscales pendientes de ejecución.

Como se explica en la moción que defenderá Adame en el Pleno, se insta al desembolso de estos más de 10 millones de euros "tras haberse practicado por el Servicio de Recaudación Municipal requerimientos de pago de la deuda generada en cada uno de los ejercicios desde 1994, y no habiendo obtenido el pago, ni compromiso alguno de la Junta de Andalucía por las deudas tributarias que generan sus edificios administrativos, su parque de vivienda y locales públicos, sus vehículos, centros de salud, etc".

Se recuerda en el argumentario municipal que "durante el ejercicio de 2009 se llevaron a cabo múltiples reuniones con las diferentes delegaciones pro vinciales, auspiciadas por la Delegación de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, encaminada a la fijación de un calendario de pago, sin haber obtenido respuesta alguna. En consecuencia -prosigue la moción-, este Ayuntamiento ha instado diferentes compensaciones de los débitos con los créditos reconocidos a favor de la Junta de Andalucía, compensaciones que, a su vez, han sido recurridas sistemáticamente por dicha Administración".

Así, desglosando el informe del recaudador municipal, consta en primera instancia una deuda de 1,4 millones de euros por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, contraída entre 1994 (gobernando aún el PSOE en el Ayuntamiento de Huelva) y 1997. Desde entonces, los intereses de demora casi han llegado a equipararse con el importe original, rebajándose posteriormente con un crédito de 1,9 millones a favor de la Consejería y con otras compensaciones que han sido impugnadas por la Administración autonómica.

En el cuadrante de impagos y movimientos aparecen por orden de antigüedad otros débitos correspondientes a Epsa (Empresa Pública de Suelo de Andalucía), la Delegación de Economía y Hacienda y otras delegaciones y organismos autónomos.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Huelva ha convocado para hoy un Pleno extraordinario en el que se aprobará, en primer lugar, la concertación de un préstamo de 1,2 millones de euros para el plan de pago a proveedores, en aplicación del Real Decreto-Ley 4/2012. Se trata de un conjunto de empresas cuyas facturas fueron reconocidas con posterioridad al procedimiento que esta primavera impulsó el ministro Montoro. En concreto, con el crédito de 80,6 millones que concertó en mayo el Consistorio onubense con once entidades financieras -designadas por el ICO-, se dio cobertura a una deuda comercial con 480 empresas, a las que ahora se sumará otra remesa, dentro del calendario que permite el Gobierno central.

En la sesión de hoy también se abordará el compromiso del Ayuntamiento con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el plan de ajuste para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública. Noticias de esta índole seguirán siendo las protagonistas en los próximos meses, conforme se vayan implementando los recortes y medidas fiscales.