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La demanda onubense de abogados de oficio crece un 72% en un lustro
La demanda onubense de abogados de oficio crece un 72% en un lustro
La pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, motivada por el desempleo y la crisis, desemboca en el registro de 11.500 expedientes a lo lardo del año 2011, unos 600 más que sólo un ejercicio antes
Raquel Rendón / Huelva | Actualizado 28.05.2012 - 01:00La crisis y su consecuencia más directa, la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, ha disparado en los últimos seis años la demanda de abogados de oficio en Huelva. Si en 2006 los expedientes registrados por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita eran 6.686, ahora a ellos hay que sumar 4.814 más para llegar a la cifra con que se cerró 2011, un total de 11.500 peticiones de representación letrada de oficio, lo que supone un crecimiento de solicitudes tramitadas del 72%.
Se ha ralentizado, eso sí, el ritmo al que se venía incrementando interanualmente el volumen de solicitudes. Según los datos facilitados a Huelva Información por la Comisión de Justicia Gratuita, el año pasado llegó a su fin con 616 expedientes más que hace dos ejercicios, lo que supuso un crecimiento del 5,6% -menor que la variación 2009-2010, cuando pasaron de ser 9.575 a 10.884, un 13,2% más.
Comportamiento similar es el que registraron los expedientes a los que el organismo dio el visto bueno. Los concedidos fluctuaron de los 9.928 de 2010 a los 10.417 del pasado año, lo que supuso una subida del 4,9% frente a la del 12,6% rubricada sólo un ejercicio atrás.
La asistencia jurídica gratuita es un servicio que prestan abogados y procuradores a aquellas personas que han demostrado que no pueden afrontar económicamente un litigio y que se encarga de sustentar la Consejería de Gobernación. La presidenta de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la teniente fiscal Isidora Solís, remarcó el incremento "notable" -en la línea de 2010- de las solicitudes de abogado de oficio que fueron denegadas, 889 en total, un 16,5% más que doce meses antes. Solís subrayó que "continúan insistiendo muchos solicitantes que superan de forma clara la renta requerida para conceder el derecho", refiriéndose a las 160 personas que impugnaron la decisión de la comisión, sólo dos menos que en 2010. A esto hay que sumar las 34 peticiones a las que se calificó como insostenibles en 2011, siete más que un año atrás, debido a que "ya no resultaba necesaria la intervención de profesionales".
Por jurisdicción, llama la atención el continuo descenso de la penal en números relativos. Y es que, mientras que crece en 184 expedientes con respecto a 2010 (de 5.706 a 5.590,+3,2%), su nivel de participación en el global se rebaja del 59,5% de hace dos años al 51,2% del pasado ejercicio, una pérdida de 8 puntos en sólo dos años.
Por contra, la materia civil registra un comportamiento ascendente y, pese a significar el 34,2% del total de expedientes, evoluciona de las 2.747 solicitudes de hace dos años a las 3.939 de 2011, lo que significó un 43,4% más. En el ámbito social también se incrementaron los expedientes de 239 a 293 en un año, un +22,6%. La única jurisdicción que mostró una tendencia contraria fue la contencioso-administrativa, cuyas 196 peticiones se traducen en un 19,7% menos que en 2010.
En la provincia más de 340 letrados forman parte voluntariamente del turno de oficio, que implica el asesoramiento previo al proceso judicial y la defensa durante el mismo. También contempla la asistencia al detenido para garantizar desde el primer momento sus derechos, de lo que se encarga el turno de guardia, que está operativo durante 24 horas, 365 días al año.
Se ha ralentizado, eso sí, el ritmo al que se venía incrementando interanualmente el volumen de solicitudes. Según los datos facilitados a Huelva Información por la Comisión de Justicia Gratuita, el año pasado llegó a su fin con 616 expedientes más que hace dos ejercicios, lo que supuso un crecimiento del 5,6% -menor que la variación 2009-2010, cuando pasaron de ser 9.575 a 10.884, un 13,2% más.
Comportamiento similar es el que registraron los expedientes a los que el organismo dio el visto bueno. Los concedidos fluctuaron de los 9.928 de 2010 a los 10.417 del pasado año, lo que supuso una subida del 4,9% frente a la del 12,6% rubricada sólo un ejercicio atrás.
La asistencia jurídica gratuita es un servicio que prestan abogados y procuradores a aquellas personas que han demostrado que no pueden afrontar económicamente un litigio y que se encarga de sustentar la Consejería de Gobernación. La presidenta de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, la teniente fiscal Isidora Solís, remarcó el incremento "notable" -en la línea de 2010- de las solicitudes de abogado de oficio que fueron denegadas, 889 en total, un 16,5% más que doce meses antes. Solís subrayó que "continúan insistiendo muchos solicitantes que superan de forma clara la renta requerida para conceder el derecho", refiriéndose a las 160 personas que impugnaron la decisión de la comisión, sólo dos menos que en 2010. A esto hay que sumar las 34 peticiones a las que se calificó como insostenibles en 2011, siete más que un año atrás, debido a que "ya no resultaba necesaria la intervención de profesionales".
Por jurisdicción, llama la atención el continuo descenso de la penal en números relativos. Y es que, mientras que crece en 184 expedientes con respecto a 2010 (de 5.706 a 5.590,+3,2%), su nivel de participación en el global se rebaja del 59,5% de hace dos años al 51,2% del pasado ejercicio, una pérdida de 8 puntos en sólo dos años.
Por contra, la materia civil registra un comportamiento ascendente y, pese a significar el 34,2% del total de expedientes, evoluciona de las 2.747 solicitudes de hace dos años a las 3.939 de 2011, lo que significó un 43,4% más. En el ámbito social también se incrementaron los expedientes de 239 a 293 en un año, un +22,6%. La única jurisdicción que mostró una tendencia contraria fue la contencioso-administrativa, cuyas 196 peticiones se traducen en un 19,7% menos que en 2010.
En la provincia más de 340 letrados forman parte voluntariamente del turno de oficio, que implica el asesoramiento previo al proceso judicial y la defensa durante el mismo. También contempla la asistencia al detenido para garantizar desde el primer momento sus derechos, de lo que se encarga el turno de guardia, que está operativo durante 24 horas, 365 días al año.




