Mientras en el seno de la Universidad de Huelva (UHU) sigue su curso el calendario de movilizaciones estudiantiles contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros -para ahorrar más de 3.000 millones de euros en el conjunto de la enseñanza- el rector de la institución académica, Francisco José Martínez López, se pronunció ayer para mostrar su desacuerdo con el documento, así como con el procedimiento llevado a cabo a la hora de elaborarlo.

Bajo el punto de vista del máximo responsable de la Onubense, este decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto en el ámbito educativo se ha llevado a cabo "demasiado deprisa" y, además, el texto "comete una serie de errores de técnicas jurídicas muy importantes", lo que, puede acarrear que el documento "no se llegue a aplicar en los términos efectivos con los que se concibió". "Hay que matizar muchos de los puntos que tiene, tenemos que negociarlo y modificarlo por el bien de la universidad y por el bien de la sociedad española", señaló ayer el rector de la UHU.

Martínez, que suscribió el pasado viernes el comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que se reunió en Murcia, recordó que este organismo demanda que el Ministerio de Educación utilice los mecanismos contemplados en la Ley de Universidades para llegar al desarrollo de un sistema universitario que esté consensuado y que redunde en el beneficio del país.

"Lo que hemos solicitado, y yo soy uno de los firmantes, es que se convoque al Consejo de Universidades, que es el órgano en el que tenemos que decidir este tipo de cambios -lo que todavía no se ha hecho-,para que se puedan exponer la visión de las universidades y del Ministerio, así como las de otras instituciones, y podamos llegar a acuerdos para el mejor funcionamiento de la institución universitaria", valoró el rector.

En la misma línea, explicó que los rectores demandan poder sentarse a hablar "en un órgano formalizado", como es el Consejo de Universidades, para alcanzar allí los acuerdos que se estimen conveniente. Por ello, aseguró que tanto él como sus compañeros están a la espera de que se convoque a este organismo para que allí, en sus palabras, "podamos explicar que no estamos de acuerdo con algunas medidas que se han propuesto y que son negociables o se pueden matizar para que no afecten de forma tan importante a determinados colectivos".

Entre ellos, citó a los alumnos de ingenierías, así como a colectivos de profesores que, según valoró, "realizan una labor de transferencia a la sociedad muy importante y que no se contempla en el decreto ley que se ha publicado". Así, Martínez espera "que se pueda llegar a una aplicación de la norma más efectiva y que afecte de forma menos importante a colectivos que salen muy perjudicados".

En encierro estudiantil (secundado por unos 150 alumnos) del pasado miércoles en la Facultad de Trabajo Social sólo fue el punto de partida de un amplio programa de actividades y asambleas informativas en los centros que el próximo jueves se trasladarán a la calle, cuando algunas de las clases universitarias se desarrollarán en las plazas de la Merced y Las Monjas, donde también habrá una concentración convocada por el Caruh.