Ha pasado por una monarquía, una dictadura, una república, una guerra civil, otra dictadura y, finalmente, una democracia. En 125 años ha sido capaz de mantenerse y hacerse oír en todos los regímenes, lo que demuestra su carácter apolítico. En este tiempo la Cámara de Comercio, Industria y Navegación siempre ha apostado por asesorar a las administraciones en todo lo relacionado con los sectores empresariales, fomentar la actividad económica, así como la competitividad de las empresas, y formar e informar a las compañías de los proyectos de desarrollo y ayudas que la Administración pone al servicio de las entidades privadas para facilitar su desarrollo. Así se resumen las funciones básicas de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación que, tras ciento veinte cinco años de vida, siguen siendo el interlocutor más directo entre la Administración y las empresas, aunque ahora tienen un gran reto por delante: readaptarse a las nuevas circunstancias después de que el Gobierno decidiera, a finales de 2010, eliminar la obligatoriedad de pago de la cuota de las empresas a las Cámaras, que hasta entonces se autofinanciaban en un 40% con estas asignaciones periódicas. La decisión ha recortado ya un 50% el presupuesto global de la entidad y un 90% los ingresos que llegan a través de la recaudación (este año aún se cobra la cuota a las empresas con una facturación superior a los 10 millones ).

Se vuelve así al origen de estas instituciones, que nacieron por el interés de un grupo de industriales y comerciantes que voluntariamente decidieron apostar por el desarrollo empresarial de la provincia. Entonces, las aportaciones fueron voluntarias, pero veinticinco años después (en 1911) se decidió que fueran obligatorias para poder contar con un presupuesto acorde con la calidad de los servicios que la Cámara pretendía prestar a las empresas.

El origen de estos órganos de representación se remonta a finales del siglo XIX. En 1884, las Cortes madrileñas aprobaban un Código de Comercio que jugaría el papel de impulsor de las clases productoras y financieras liberales. Un código que Alfonso XII sancionaba un año después, propiciando un ambiente para la organización del capitalismo español, en medio del cual verían poco después la luz las Cámaras Oficiales. Desde el Ministerio de Fomento de entonces se invitaba a los centros mercantiles y manufactureros a que presentaran diferentes proyectos para la creación de esta organización, pero la respuesta fue de total apatía, quizá por el sentimiento que inspiraba el principio político de la Restauración, conocido como oligarquía y caciquismo. Hubo que esperar dos años después, concretamente a 1886, cuando la Reina María Cristina, siguiendo con la moda europea de asociacionismo empresarial, crea por Real Decreto estas instituciones. Comienzan entonces a fundarse por diferentes puntos del país, Huelva entre ellos, aunque en sus orígenes fueron tan sólo Cámaras de Comercio y hubo que esperar unos años para que surgieran de forma independiente las Cámaras de Industria que, al final, terminarían fusionándose con las originarias Cámaras de Comercio, que además adoptan la nomenclatura de Navegación, ante la relevancia que esta actividad tenía en la época. Han sido diferentes las etapas por las que han pasado estas entidades. Tras varias crisis y pugnas, incluso con sectores empresariales, se puede decir que es a partir de 1993, con la entrada en vigor la Ley 3/1993, cuando las Cámaras cobran mayor protagonismo y profesionalidad y registran una mejoría en su gestión. Y es que con esta ley se introduce el principio de autofinanciación parcial, de manera que el 40% de los presupuestos de la Cámara debe ser gestionado con recursos propios mientras que el 60% restante es de carácter público. Algo que pone de manifiesto esa naturaleza que muestran estos organismos que se presentan como un híbrido entre lo público y lo privado, con un funcionamiento de sus órganos de gobierno regulado por la legislación y un código de actuación, en el caso de Huelva y en el resto de Cámaras andaluzas, aprobado por la Junta de Andalucía, que tutela a las cámaras tanto en sus funciones como en sus presupuestos. De ahí que esta institución se defina como una organización de derecho público.

El futuro de las Cámaras y su utilidad para la economía está en pleno proceso de transformación y reestructuración interna para reenfocar su actividad. El cambio abre también un nuevo horizonte en el que las Cámaras podrían asumir las funciones de numerosas empresas púbicas, pero con unos presupuestos más reducidos que los que se tenían en la configuración actual. Sin duda, se abre un horizonte a la reformulación producida en su seno, con un proceso que culminará con unas Cámaras eficientes y adaptadas "perfectamente a los retos de la nueva economía", según el presidente de la institución onubense, Antonio Ponce, que destaca la necesidad de permanecer atentos a lo que demandan los empresarios y emprendedores, especialmente en estos tiempos en los que se necesitan nuevos enfoques . "Estamos en un proceso de reinvención y rediseño del que las Cámaras de Comercio saldremos rejuvenecidas y fortalecidas", apostilla. La experiencia la tiene, la capacidad la ha demostrado y el espíritu de servicio también, sólo resta que sepa adaptarse a las nuevas circunstancias.