CUATRO años después la Ciudad de la Justicia de Huelva sigue siendo más que una promesa un motivo de disputa entre las administraciones. El debate sobre el terreno de esta infraestructura no ha cesado desde que la Junta anunciase hace ya bastante años su intención de construirla; ahora ha pasado al limbo de la colaboración público-privada mientras los operadores jurídicos advierten una y otra vez de que las instalaciones judiciales en la provincia dejan mucho que desear.

En esta legislatura se han creado algunos órganos y se ha ejecutado una reforma del vetusto Palacio de Justicia, pero ésta no ha dejado tampoco satisfecho al sector judicial. Y la saturación de los juzgados se ha convertido en queja común.

En el tintero de la colaboración privada se queda también el centro de cultura iberoamericana y tartésica del Banco de España, edificio estrella de las propuestas culturales durante varias campañas electorales, al igual que el archivo histórico provincial, todavía un futurible. Sí se ejecutó otro espacio cultural, el de las Cocheras del Puerto, que cuenta con la colaboración de la Junta pero cuya titularidad (y la mayor parte de la financiación) es del Puerto onubense.