El pasado lunes el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ponía el punto y final con su firma a una legislatura difícil, en empinada cuesta, que empezaba con promesas de empleo, innovación e infraestructuras (y otro presidente, Manuel Chaves) y acaba con las políticas sociales como única bandera posible ante el oscuro panorama de una segunda recesión económica. En el camino se han quedado en la cuneta 13.600 puestos de trabajo en Huelva, un emblema como Astilleros, el proyecto de los puentes a Punta Umbría, la Ciudad de la Justicia y los centros hospitalarios de alta resolución. Pero también la cobertura de las bajas del personal sanitario o la financiación de entidades de dependientes y otras asociaciones, los últimos damnificados de una falta de presupuesto que empieza a afectar también a la bandera autonómica de las políticas sociales.

Una legislatura casi en blanco, de escasos o nulos avances, que empezaba con una Administración que hablaba de simple desaceleración económica y que mantenía sus objetivos de pleno empleo. La caída de Lehman Brothers daría el pistoletazo de salida oficial a una crisis que ha vuelto del revés esas previsiones: la actividad onubense cayó un 2,6% en 2009, se estancó en 2010 y acabó 2011 con previsiones de otro decrecimiento (-0,2%). El paro se convirtió en la peor pesadilla de los onubenses y sus gobernantes, que vieron como los 46.800 desempleados de finales de 2008 se convertían en 85.400 en la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2011. Se cerraron empresas, cayó el presupuesto autonómico, los expedientes de regulación de empleo se volvieron en moneda común. El turismo es el único sector que (más o menos) aguantó el tipo e incluso la industria del Polo Químico, otrora considerada bastión difícil de batir, vivía en 2009 el peor año desde su instalación en Huelva.

Frente a este panorama, la actuación de la Junta de Andalucía ha tenido más sombras que luces. Cuando la industria empezó a verse seriamente afectada por la situación económica, una Administración que hasta entonces había mantenido la distancia (al menos en público) frente a ella se volcó hacia el Polo para intentar salvar el barco que hacía aguas por Tioxide, Ercros, Nilefos... El resultado fue desigual: se evitó el cierre de la primera, que ha acabado por reorientar su actividad (con incentivos autonómicos); queda aún en el aire el futuro de la segunda, que ha reducido mucho su producción; y cerró Nilefos, cuyo propietario abandonó la factoría después de haberse embolsado una ayuda de 2,3 millones de euros para inversiones en la fábrica. La puntilla industrial la daba el cierre de Foret por el cese de los vertidos de fosfoyeso, mientras que en el lado positivo se sitúa el desembarco de Fertinagro en la provincia, con un proyecto para reactivar la factoría de Nilefos y negociaciones con Foret para emplear también su factoría; en ambos casos, la Administración ha jugado un papel mediador.

En ese viraje pro industria, la Junta elaboró también una Estrategia para la Consolidación y Diversificación Industrial de Huelva, un documento en el que se recogían una serie de medidas y ayudas destinadas a fortalecer el tejido del sector secundario. El balance de la aplicación de este programa no es precisamente positivo; aunque desde la Administración se destacan los incentivos concedidos, estos corresponden al programa general al que puede acceder cualquier empresa.

Punto estrella de la diversificación industrial, el Parque Científico y Tecnológico de Aljaraque, nacido en 2008, aún carece de mayor contenido específico que un edificio que sirve de vivero para empresas de base tecnológica. El centro de investigación en tecnologías verdes de Abengoa se quedó en el anuncio del primer día; Electria mantiene en stand by su proyecto eólico. Recientemente se iniciaba la construcción de otro edificio, el destinado a albergar un centro de transferencia de tecnología y el centro de la química sostenible. Sí funcionan los centros tecnológicos del sector pesquero, cárnico y la agroindustria.

La agricultura precisamente se ha convertido en el valor refugio de los parados onubenses; frente a negativas anteriores a restringir los contratos en origen, en esta campaña no los habrá. Y el sector pesquero ha vivido un declive progresivo enraizado en la crisis, con polémica por las paradas biológicas y una amenaza en lontananza con la reforma de la Política Pesquera Común. Sólo el turismo está a flote, aunque con rebajas en los precios y un freno a la expansión prevista.

También se enfrentó la Junta, y se quemó por momentos, a otra gran caída, la de Astilleros de Huelva. Con una deuda en el entorno de los 300 millones de euros, sin liquidez y al borde de la quiebra, la Administración autonómica anunció la búsqueda de inversores y de soluciones para la naval. Se elaboró una hoja de ruta que quedó sin efecto en los puntos referentes a la salvación de la empresa y finalmente se cedió la licencia de construcción de grandes buques, se recibió una subvención europea por ello y se procedió al cierre de la empresa. La cara de este proceso llegaba el pasado año con el inicio de actividad de Cotnsa en las antiguas atarazanas, desde donde realiza tareas de reparación naval.

Otro sector clave para la provincia como es la minería, sigue sin arrancar tras cuatro años de proyectos. A pesar de la escalada de los precios del cobre (cerró el viernes a más de 8.400 dólares la tonelada) la reapertura de las minas de Riotinto sigue estancada en retruécanos legales y administrativos. Sólo Aguas Teñidas logró iniciar la explotación hace unos años; en trámites están también los proyectos de Lomero-Poyatos y La Zarza. El retraso ha llegado a afectar a un bien protegido, la Corta Atalaya, que está inundándose ante la pasividad de la Administración.

El panorama es complicado y la situación de la Administración no es precisamente la mejor; ha llegado a sacar a la venta muchos de sus inmuebles para poder financiarse, aunque con poco éxito. Las reclamaciones de impagos han empezado a llegar: de las constructoras, que reivindican el abono de obras ya finalizadas; de las entidades sociales, que alertan de su riesgo de desaparición; hasta de la Universidad. Y peor será el primer año de la nueva legislatura; el recorte obligado por el cumplimiento del objetivo de déficit ha sido de tal calibre que por primera vez la Junta no ha presentado un presupuesto provincializado de inversión para 2012. Eso después de que el presupuesto de 2011 cayera un 34,45% respecto al del año anterior. Y en 2012 habrá que afrontar los pagos que quedaron pendientes al cierre prematuro (en noviembre) del ejercicio anterior. Otra legislatura que empieza en cuesta.