Las subidas excepcionales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2012 y 2013 -decretadas por el Gobierno central dentro de las medidas para hacer frente al déficit público- encarecerán el recibo en 74 poblaciones onubenses, el 93,67% del total de los municipios de la provincia.

Entre ellas está la capital, que realizó su última revisión catastral antes del año 2002 (según los datos que constan en el Ministerio de Hacienda entró en vigor en 2000) y está en el grupo en el que el aumento será mayor: un 10% sobre lo previsto. No obstante, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar al Gobierno la revisión de la base catastral, al tiempo que hay que considerar la congelación del gravamen, que está en su techo legal, con lo que el municipio no tiene margen de maniobra.

Esta subida podría afectar a todas las viviendas, al contrario de lo que ocurre en otras poblaciones que revisaron su parque con posterioridad y en las que al menos la mitad de los inmuebles, los que tienen los valores catastrales más bajos, se librarán del incremento, según se deduce del decreto aprobado por el Ejecutivo del PP el 30 de diciembre y cuya repercusión están analizando aún los ayuntamientos, a los que la medida ha cogido por sorpresa, cuando en algunos casos ya habían subido el tipo o están afectados por incrementos relacionados con la revisión catastral.

El decreto recoge cuatro supuestos distintos en función de los años en los que el Catastro revisó cada población. De las subidas sólo se librarán los municipios en los que esta actualización se hizo entre 2005 y 2007. Es el caso de cinco de los 79 ayuntamientos de la provincia: Alosno, Gibraleón, Niebla, San Juan del Puerto y Villalba del Alcor.

En el otro extremo -el grupo en el que está Huelva y que tendrá subidas del 10%- hay 47 ayuntamientos, entre los que destacan Aljaraque, El Almendro, Almonte, Bollullos, el Cerro del Andévalo, Isla Cristina, Lepe, Nerva o Villarrasa que, en algunos casos, ya tienen un gravamen alto.

Además, la norma obliga a que el tipo impositivo mínimo que se aplica se suba al 0,5 este año y al 0,6 en 2013, lo que obligará a cambiarlo en localidades que lo tienen por debajo, como Alájar, y Encinasola, con 0,40; Fuenteheridos, con 0,45 o La Granada de Riotinto, con 0,445.

Los ocho municipios que tuvieron una revisión catastral entre 2002 y 2004 -Aracena, Bonares, Chucena, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, Trigueros y Valverde del Camino- se enfrentarán a una subida del 6% aunque no tendrán que incrementar su gravamen, ya que todos superan el mínimo de 0,5 para 2013.

Aunque la medida sólo se aplicará, según el texto del decreto, "a la mitad de los inmuebles de uso residencial con mayor valor catastral" del conjunto. Es lo que ocurrirá con las 19 poblaciones en las que la revisión catastral entró en vigor entre 2008 y 2011 y donde las viviendas más caras pagarán un 4% más este año y el que viene. Jabugo, Lucena del Puerto, Punta Umbría, Beas, La Palma del Condado o San Bartolomé de la Torre están en esta situación.

El decreto conllevará además la anulación de algunas reducciones del tipo por las que han apostado algunos ayuntamientos para compensar a sus vecinos por la crisis o las subidas catastrales, ya que recoge que en estos casos "lo mencionado se aplicará tomando como base el tipo vigente en 2011". Es el caso de La Palma del Condado, que ha pasado del 0,68 al 0,62.